- Niegan aportar para los gastos de las celebraciones y aseguran que únicamente reciben “orientaciones de arriba”
Miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y de los Consejos de Liderazgo Sandinista, desmintieron que sean los simpatizantes —como asegura la dirigencia del FSLN— quienes asumen los gastos del festejo del 30 aniversario de la revolución, que este año, a pesar de la crisis económica, celebrará el orteguismo con una extensa jornada de actividades que inició el sábado pasado y concluirá el 19 de julio.
Hace días el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, mientras recomendaba a la población “adoptar medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica”, defendió el derecho de su partido a planear una celebración tan costosa, alegando que “el FSLN no está sentado en una montaña de reales”, pero puede hacer un festejo así porque “la mayor carga del gasto recae sobre los militantes”.
Pero los militantes señalan lo contrario. “Esos gastos son muy grandes, imagínese cuánto cuesta alquilar montones de buses o aunque sea darles la gasolina y luego dar camisetas, gorras, banderas y otras cosas”, sostuvo Noel Tercero, simpatizante sandinista del barrio Waspam Norte.
“Eso sólo desde el Gobierno se puede hacer. Acuérdese que en los (años) noventa, cuando no estábamos en el poder, algunos dirigentes como el comandante Tomás Borge tuvieron que vender sus relojes o vehículos para ayudar a pagar actividades. Y en esos tiempos las cosas eran más sencillas, no había los lujos de ahora”, recordó Tercero.
Elisa Uriarte, del Consejo de Liderazgo Sandinista del barrio Hugo Chávez, asegura que la militancia nunca ha asumido esos gastos, porque aunque quiera hacerlo no puede, porque es gente pobre que a diario tiene que luchar para sobrevivir.
Uriarte, que se dice militante de toda la vida, explica que la mecánica que siempre ha existido es que las actividades se planifican “desde arriba y luego a través del secretario político del distrito partidario, que para el Seis es José Tellería, les “baja las orientaciones que manda el Gobierno”. Ya sea organizar un plantón, piquetes o asistir a concentraciones. “Aquí nadie orina fuera del guacal, todos cumplimos orientaciones del Gobierno, por eso nos reunimos todas las semanas para mantenernos al día”, dijo la mujer.
TODO PARA TODOS
Agrega que cuando asisten a concentraciones como la del sábado pasado, ella se encarga de reunir a los jóvenes y a todos los que quieran ir, y cuando tiene la lista le pide a Tellería los buses que necesita.
“Ahí viene el paquete de camisetas, gorras, banderas y todo lo que haya para el número de personas que dije que irían. Algunas veces hay inconformidad porque no se ajusta para todos, pero pasa porque algunos a última hora deciden sumarse”, menciona Uriarte.
Ella dice trabajar en conjunto con la delegada del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), Blanca Cerda. Ambas afirman que únicamente cuando tienen una actividad propia del barrio realizan actividades para recoger dinero y ayudarse a cubrir los gastos operativos.
CPC SE IMPONEN
Contrario a lo que declaran las dirigentes del barrio Hugo Chávez, el delegado de los CPC en Villa Reconciliación Norte, Enrique Arauz, dice que los CPC no se mezclan con actividades del FSLN porque ellos no son una organización política sino comunal, y que la Ley 112, que les dio origen legal, les permite “sustituir a todos los comités de barrio que existían anteriormente”. Sustentado en esa premisa y con el supuesto apoyo de los habitantes del barrio, desalojó de la casa comunal al Comité Barrial y ahora ahí realizan trabajos de remodelación para que el Centro de Salud instalado en el local amplíe sus servicios.
Luis Felipe Hernández, coordinador del comité desalojado, dijo ellos realizaban trabajos en beneficio de la comunidad sin mezclarlo con actividades políticas como lo hacen los CPC. “Fuimos desalojados de manera violenta por un grupo de personas que no son habitantes de nuestro barrio, las cuales hicieron uso de morteros, piedras, garrotes, armas blancas y no descartamos la portación de armas de fuego”, denunció Hernández, quien dijo que no descartan recurrir a los Juzgados para recuperar la propiedad que fue donada al barrio por una organización italiana.
Por su parte, Yudalí Aburto, de la Fundación Popol Na, que en los últimos 3 años invirtió 12 mil euros en la casa, lamentó la decisión de los CPC, ya que con la toma del lugar hicieron que el barrio perdiera 13 mil euros que ya estaban asignados para trabajos de ampliación de la casa y para continuar ejecutando proyectos en beneficio de niños y jóvenes del barrio.
(Con la colaboración de Emiliano Chamorro).
