Los próximos meses serán determinantes para resolver el litigio originado por la actitud de Costa Rica de que efectivos de su fuerza pública naveguen armados por el río San Juan.
Y aunque ambas partes se muestran confiadas de que ganará su posición ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se dirime lo que se definió como la “controversia sobre derechos de navegación y derechos conexos”, habrá que esperar qué resuelven los magistrados de ese tribunal.
En un informe anual elaborado por la CIJ, se señala que Costa Rica interpuso la demanda contra Nicaragua el 29 de septiembre de 2005, en la que sostenía “que su objetivo era lograr que Nicaragua pusiera fin a su comportamiento, que le impedía gozar libre y plenamente de los derechos que poseía sobre el río San Juan y cumplir con las obligaciones que había contraído en virtud de ciertos acuerdos que había firmado con Nicaragua”.
También señala que Costa Rica solicitó a la CIJ que determinara medidas que debía adoptar Nicaragua a título de reparación.
“Costa Rica alegó que Nicaragua había impuesto, en particular desde fines del decenio de 1990, diversas restricciones a la navegación de embarcaciones costarricenses y sus pasajeros en el río San Juan, en violación del artículo VI del Tratado de Límites (firmado en 1858 entre Costa Rica y Nicaragua), que otorgaba a Nicaragua la soberanía sobre las aguas del río San Juan, pero reconocía a la vez derechos importantes a Costa Rica”, precisa el informe.
Agrega que esos derechos que reclama Costa Rica fueron confirmados mediante un laudo arbitral emitido por Grover Cleveland, Presidente de Estados Unidos, el 28 de marzo de 1888, mediante una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia de 1916, y mediante el Acuerdo suplementario del artículo IV del Pacto de Amistad de 1949, firmado en Washington el 9 de enero de 1956.
Señala que Colombia solicitó copias de los escritos procesales y documentos anexos, la que no fue tomada en cuenta después de escuchar a las Partes que dirimen ese caso.
