El asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, aseguró estar en contra de la iniciativa de Ley de Moratoria que suspende los privilegios bancarios y las disposiciones para las acciones ejecutivas contra los usuarios de servicios financieros.
Esta ley es impulsada por el Movimiento de Productores, Comerciantes, Microempresarios y Asalariados del Norte (conocidos como los “no pago”), encabezado por el ex alcalde sandinista de Jalapa, Nueva Segovia, Omar González Vílchez.
Arce se reunió ayer con directivos de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), para abordar las medidas que tomarán en conjunto de cara a la crisis económica mundial y sus efectos en Nicaragua.
“Hablamos de que todas estas trabas (Ley de Moratoria) que están ahí, no pueden caminar (aprobarse). Nosotros hemos sido categóricos en señalar que el Gobierno del comandante Daniel Ortega no favorece, ni respalda, ninguna política de no pago y una moratoria es una política de no pago”, señaló.
Según explicaron Arce y Julio Flores, presidente de Asomif, en los próximos meses realizarán mesas de trabajo periódicas, para ocuparse de la reorientación de los créditos hacia el sector productivo. Coincidieron en que es necesario un “ambiente adecuado” para que los proveedores de créditos del exterior no dejen de suministrarlos.
Hasta el momento, de la cartera de Asomif, que se estima en unos 254 millones de dólares, cerca del 50 por ciento está destinada al sector agropecuario.
