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Human Rights Watch (HRW) elogió a países latinoamericanos como Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay por sus esfuerzos para estar “a la cabeza” de la defensa de los derechos humanos en foros internacionales.
En su informe anual, que revisa la situación de los derechos humanos en el mundo en 2008, HRW señala que EE.UU. y la Unión Europea (UE) ya no son los únicos que promueven el respeto a estos derechos en el exterior y que varios Gobiernos en América Latina, Asia y África han asumido un papel cada vez más importante.
En América Latina destacan Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, que “han apoyado sistemáticamente iniciativas para la defensa de los derechos humanos” en distintos foros, desde el Tribunal Penal Internacional hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó la organización.
México, por su parte, “ha jugado un papel importante” en ese órgano, al abogar activamente porque todos los países participen en el Examen Periódico Universal (EPU); al defender en la Asamblea General de la ONU la independencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y al pedir en el Consejo de Seguridad, donde es miembro no permanente, que se dé más prioridad a esta materia.
PERSISTEN VIOLACIONES
Pese a los elogios que otorga HRW a esos países por su actuación en el exterior, la región sigue registrando violaciones de los derechos humanos.
El mayor problema es “la crisis mayúscula” en la seguridad pública, causada por el crecimiento exponencial del narcotráfico, las mafias y el crimen organizado, dijo a Efe el director para América Latina de HRW, José Miguel Vivanco, quien añadió que Colombia y Venezuela merecen una consideración aparte.
Vivanco señaló que Colombia, el “caso más grave” de la región, no ha sido objeto de un fuerte escrutinio sobre sus prácticas porque su presidente, Álvaro Uribe, “ha sido un aliado estratégico de Washington”.
En el caso de Venezuela, Vivanco resaltó que la concentración de poder en manos de Chávez ha reducido los espacios para la libertad de expresión, de asociación y para la sociedad civil, y ha provocado “la neutralización prácticamente total del Poder Judicial”.
