La importancia que tiene la Asamblea Nacional y lo que hace que la lucha por su nueva Junta Directiva motive un gran interés, no es porque sea el primer Poder del Estado como se dice erróneamente en el ámbito mediático y los círculos políticos.
En el sistema político o gubernamental de Nicaragua, establecido en la Constitución, no hay primer Poder del Estado, ni segundo ni tercero ni cuarto. Los cuatro poderes del Estado son jurídica, institucional y políticamente iguales, equivalentes e independientes. Como se dice en el artículo 129 de la Constitución: “Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la Nación y a lo establecido en la presente Constitución”.
Es cierto que el Poder Legislativo se menciona de primero en el texto constitucional. Pero esto no le confiere carácter de primer Poder del Estado y a los otros el rol de subordinados. Realmente, el principio constitucional de la organización política del Estado nicaragüense es el de que los poderes están separados y son independientes entre sí, que cada uno de ellos tiene atribuciones claramente definidas, que están obligados a coordinar sus acciones en función del interés general de la Nación y que los titulares de cada Poder tienen que ser personas diferentes.
Dicho con otras palabras, el sistema de gobierno de Nicaragua está fundado en el principio sabiamente establecido por el barón de Montesquieu (1689 – 1755), padre de la doctrina democrática de la separación e independencia de los poderes del Estado, según el cual: “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, los hombres o el pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares”.
Por otro lado, tampoco es cierto que los diputados sean “padres de la Patria” ni que merezcan tal reconocimiento por parte de los ciudadanos. Eso debe ser un invento de los mismos diputados, para darse ínfulas, o una ocurrencia de algún despistado que no sabía lo que decía, o el sarcasmo de algún crítico de las personas que ejercen el Poder Legislativo del Estado.
El concepto de “padre de la Patria” se originó en la antigua Roma. Fue instituido para honrar a grandes personajes públicos como Marco Tulio Cicerón, que fue el primero en ostentarlo, o a Tiberio, quien sin embargo tuvo el valor cívico de rechazarlo porque reconoció que no lo merecía. Y en la actualidad, padres de la Patria es un reconocimiento honorífico que se hace a los fundadores de la Nación y del Estado, y en el caso de Nicaragua a los próceres de la Independencia y, tal vez, a los redactores de la primera Constitución del Estado nicaragüense independiente. Después de ellos, todos los diputados han sido y son simples legisladores, individuos titulares del Poder Legislativo, empleados públicos que no por ser de alto rango están por encima de los ciudadanos ni de los titulares de los otros poderes del Estado. Aunque de hecho, pero no de Derecho, los diputados se asignen altos sueldos que están muy por encima de la media nacional, así como también múltiples privilegios económicos, materiales y políticos. O sea que en todo caso, a los diputados como al Presidente del país y a los demás altos funcionarios del Estado, se les podría llamar depredadores de la Patria, no padres de ella.
De manera, pues, que la gran importancia que tiene la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que no se pudo hacer el 9 de enero como manda la ley y supuestamente se hará mañana martes 13 de enero, no es porque sea el primer Poder del Estado ni porque los diputados sean padres de la Patria. Su importancia es porque se trata del único Poder estatal que aún no ha caído en manos de Daniel Ortega y, por lo tanto, es el principal obstáculo institucional al plan orteguista de restaurar la dictadura en Nicaragua.
Los diputados auténticamente republicanos tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para que se elija una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional favorable a los intereses de la democracia, no a los malévolos fines del orteguismo. Parafraseando al barón de Montesquieu, podemos asegurar que todo estaría perdido si el mismo hombre —es decir, Daniel Ortega— que ya controla los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, pasara también a controlar el Poder Legislativo. Entonces sí que con toda razón habría que clamar al Cielo para que Dios salve a Nicaragua.
