- Con once meses de anticipación, la maquinaria de los poderes Ejecutivo y Electoral afilaron sus cuchillas para cometer el fraude denunciado por la oposición. Eduardo Montealegre, ex candidato a la Alcaldía de Managua por la Alianza PLC, aseguró que en enero incrementarán las acciones tanto a nivel nacional como internacional, para dar a conocer las anomalías ocurridas el pasado nueve de noviembre y de las cuales se señala al Poder Electoral como “actor principal”
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El año 2008 cierra en Nicaragua con una crisis política que mantiene paralizada a la Asamblea Nacional, suspendida temporalmente la Cuenta Reto del Milenio por parte de Estados Unidos, congelados otros fondos provenientes de la Unión Europea, mientras el Presupuesto General de la República del año 2009 está literalmente “en alitas de cucaracha”.
Todo tiene un mismo origen: el fraude electoral que se impuso en los comicios del 9 de noviembre y denunciado por los partidos de oposición, organizaciones civiles, empresa privada e iglesias católica y evangélica.
Sin embargo, la palabra fraude comenzó a hacerse presente en el escenario político y electoral desde el pasado 17 de diciembre del 2007, once días después que el Consejo Supremo Electoral (CSE) aprobara de manera oficial la convocatoria para los comicios municipales.
La denuncia fue realizada por el diputado liberal y representante legal de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, sobre la base de los despidos que las autoridades del Poder Electoral realizaron de forma administrativa a presidentes de los Consejos Electorales Departamentales (CED) en los municipios de Managua, Chinandega, Rivas, entre otros, así como funcionarios de áreas sensibles de ese Poder del Estado.
“Que esto puede ser trasladado a los presidentes de los Consejos Electorales Municipales (CEM), y van a nombrar a sandinistas, (entonces) prácticamente la decisión de quién será el ganador en las elecciones municipales quedará en manos del Frente Sandinista, que podría estar preparando un gran fraude electoral ante la eventualidad de la unidad de las fuerzas democráticas”, advirtió Navarro con once meses de anticipación al día de las elecciones.
Además de los despidos, la convocatoria a elecciones municipales también estuvo afectada por la solicitud del partido regional y aliado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Yatama, de suspender inicialmente los comicios en tres municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), debido al paso del huracán Félix en 2007.
Después de una negociación política, se acordó que las elecciones se celebrarían en enero del 2009 en siete de los ocho municipios de la RAAN.
Otro aspecto que se sumó a las irregularidades fue la decisión del CSE de cancelar en junio las personalidades jurídicas al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y al Partido Conservador (PC).
SENTENCIADOS
Una especie de advertencia fue dirigida por el magistrado vicepresidente del CSE, Emmet Lang, poco después de oficializar la convocatoria a elecciones municipales, cuando señaló que algunos partidos políticos tenían problemas con sus respectivas personalidades jurídicas, por lo que se procedería a efectuar un encuentro con los representantes de esas organizaciones políticas, con el objetivo de que informasen si ya tenían organizadas sus directivas en al menos el ochenta por ciento de los 153 municipios del país, como lo exige la Ley Electoral.
Lang en ese período reiteró que los partidos políticos debían cumplir obligaciones con su militancia e implementar lo acordado en congresos efectuados en meses anteriores.
“Queremos que todos los partidos estén listos para que participen en los próximos comicios y que resuelvan el déficit que tienen en cuanto a cumplimiento de obligaciones con sus respectivos militantes”, expresó Lang en ese momento, y meses después se procedía a dejar fuera de la contienda electoral a dos organizaciones políticas, lo que provocó una campanada de alerta aún mayor respecto a las anomalías con las cuales estaría siendo afectado el proceso electoral, y que motivó la primera reacción de la comunidad cooperante, la que solicitó el respeto a la institucionalidad y al pluralismo político.
SIEMPRE EN SINTONÍA
Los magistrados electorales Roberto Rivas (presidente del CSE) y Emmet Lang no tardaron en argumentar ante los representantes de la comunidad internacional, en un encuentro que organizaron a través de Cancillería, que la resolución fue tomada porque ambas organizaciones políticas no cumplieron con requisitos establecidos en la Ley Electoral.
LOS DESPIDOS
El primer despido que realizaron las autoridades del CSE fue el de Edgard De La Llana, presidente del CED Managua, lo que sorprendió a los mismos magistrados de tendencia liberal del CSE y declararon que esa actuación era ilegal porque contravenía lo establecido en la legislación electoral.
En esa oportunidad, el magistrado electoral Luis Benavides afirmó que la destitución de los presidentes departamentales era ilegal, ya que el artículo 12 de la Ley Electoral establece que para nombrar o destituir a un presidente departamental se requiere al menos de la votación de cinco magistrados del cuerpo colegiado, lo que no ocurrió porque hasta esa fecha no habían sido convocados a sesionar, porque se encontraban de vacaciones.
Por su parte el magistrado José Marenco Cardenal, quien actualmente por su actitud de respaldar el fraude denunciado por la oposición fue excluido de las filas del PLC, junto a sus homólogos René Herrera y Julio Osuna, externó en esa ocasión que era causa de preocupación el que se despidiera a funcionarios de las distintas áreas del Poder Electoral, además de la separación de sus cargos de algunos presidentes departamentales, tomando en cuenta que iniciaba un año electoral.
Pero Marenco adujo que no podían hacer nada más, ya que todo era manejado por la presidencia de ese Poder del Estado, o sea por Roberto Rivas.
“Es preocupante, pero qué se puede hacer al respecto, porque administrativamente nosotros (magistrados liberales) no tenemos ninguna injerencia y lo más preocupante es con qué gente van a llenar las vacantes, si ya de hecho había una supremacía del Frente Sandinista en el Consejo Supremo Electoral, ¿imagínese ahora con las vacantes?, si siguen llenando con puros sandinistas”, precisó en esa oportunidad Marenco Cardenal.
A esas voces se sumó la del vocero del PLC, Leonel Teller, quien reiteró que el FSLN preparaba —desde el propio CSE— un fraude de cara a las elecciones municipales, debido a que supuestamente los sandinistas tenían temor respecto a que los liberales unidos iban a estar en capacidad de ganar cien alcaldías, aunque al final el centenar de municipios se los llevó el FSLN, según los polémicos resultados oficiales.
De acuerdo a Teller, los despidos fueron orientados por el presidente del CSE, Roberto Rivas, y el vicepresidente Emmet Lang.
Asimismo, les llamó la atención a los representantes de la alianza PLC el hecho de que los magistrados electorales no hubiesen realizado aunque fuera una convocatoria informal a los organismos de observación electoral, tanto nacional como internacionales, después de efectuarse el llamado oficial de los comicios.
El vocero del PLC consideró que el Poder Electoral, desde el mismo momento en que convocó a elecciones, también debió extender la invitación a los organismos de observación electoral, ya que la misma inicia durante el desarrollo de las actividades electorales y no en el momento de las votaciones.
LOS EXPULSADOS
A pesar de que el CSE aprobó a mediados de abril del 2008 el Reglamento de Observación Electoral, durante el desarrollo del proceso mantuvo una actitud de ataques y críticas contra los organismos de observación electoral nacional como Ética y Transparencia y el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), decidiendo al final no permitir la observación de ambas organizaciones.
El CSE también evitó invitar a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Centro Carter, grupos que el mismo presidente Daniel Ortega descalificó, aduciendo que avalaron un supuesto fraude en 1996, que le hizo perder las elecciones nacionales frente a su rival, Arnoldo Alemán Lacayo.
La acreditación de los organismos de observación electoral dividió en su momento al mismo cuerpo colegiado, ya que los liberales solicitaban que se aprobara la misma, y el resto sólo daba largas, para al final resolver que no eran necesarios y bastaba con representantes de Tribunales electorales afines al CSE.
El reglamento que fue aprobado por el CSE señalaba que tendría la discrecionalidad de regular el número de organismos observadores que hicieran su respectiva solicitud para dar seguimiento al desarrollo del proceso electoral.
En el mismo se estableció que el Poder Electoral se reservaba el derecho de suspender o cancelar la autorización y facultades de aquellos organismos de observación y/o de sus miembros que violentasen lo establecido en la Carta Magna, la Ley Electoral y demás leyes, reglamento, resoluciones y demás acuerdos que emita ese Poder del Estado.
Hay que recordar que el CSE impulsó posteriormente, una denuncia en contra del Instituto Republicano Internacional (IRI) ante el Ministerio Público, por violación a la Constitución y leyes de la República, al haber auspiciado una ponencia en la que participó el ex presidente de México, Vicente Fox, quien brindó declaraciones a medios de comunicación, criticando a la Administración Ortega y la parcialidad de los poderes del Estado, como el Electoral.
