- Daños ascienden a más de 475 mil córdobas
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Corresponsal/Matagalpa
Cinco personas que por presuntas “faltas muy graves” fueron echadas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa, demandaron laboralmente, con acción de reintegro, al Estado y en particular a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque consideran que fueron despedidos injustamente.
Los ex empleados del Registro de Matagalpa, Germán Antonio Velásquez Herrera, Martha del Socorro Balladares Montenegro, Perla Marina Pérez Díaz, Juan Carlos Rocha Martínez y Jessika Bello Gutiérrez, cuantifican la demanda en 475 mil 653 córdobas.
En el escrito que presentaron ante el Juzgado de Distrito Laboral y de Familia por Ministerio de Ley en Matagalpa, los ex trabajadores piden que la titular de ese despacho emplace al presidente de la CSJ, Manuel Martínez y al Procurador General de la República, Hernán Estrada, para que contesten la demanda.
Presuntamente, la CSJ ya contestó la demanda, pero el personal del Juzgado dijo a LA PRENSA que sólo las partes podían acceder al expediente judicial. Por su parte, la abogada de los demandantes, Brenda Alvayero Rodríguez, aseguró que tampoco a ella le han permitido ver el expediente.
“La CSJ contestó la demanda hace más de dos semanas (…) nos dicen que nos van a dar copias hasta que la señora juez (Suhey Espinoza) provea lo contestado por la CSJ, pero no nos dan copia y tampoco nos permiten cuál fue la contestación de la Corte”, señaló Alvayero.
LA PRENSA buscó dos veces a Espinoza, la última el pasado viernes, pero el personal del despacho dijo que la juez andaba haciendo unas inspecciones judiciales y que ya no regresaría al Juzgado, sino hasta en enero.
En su demanda, los ex trabajadores explican que el despido les fue notificado el 29 de octubre recién pasado a través de una carta que consideran “informal y anómala”, fechada un día antes y suscrita por la oficial de Recursos Humanos del Complejo Judicial de Matagalpa, Noemí Zeledón Rocha, quien señala en las misivas que se trata de “órdenes superiores”.
Los trabajadores habían sido separados de sus cargos desde el 26 de abril de 2007 por “faltas muy graves”, por lo que la CSJ les abrió un proceso administrativo.
