Nunca se insistirá lo suficiente sobre el daño profundo que han sufrido nuestros bosques, al punto que en apenas cincuenta años han desaparecido en un área equivalente a la república de El Salvador. Y lo más grave de esa depredación insensata es la impunidad con que se ha producido.
En efecto, en 1950 el país tenía 6.4 millones de hectáreas de bosques, lo que representaba 47 por ciento de la superficie nacional, según dato registrado por una misión técnica de Naciones Unidas. Pero cinco décadas más tarde el área boscosa descendió a 3.2 millones de hectáreas, o sea que Nicaragua ha perdido el cincuenta por ciento (la mitad) de su riqueza forestal. Estos datos se encuentran en un magnífico folleto editado por el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, quien cuenta con colaboradores especializados en la materia y tituló apropiadamente su trabajo como: Emergencia en el bosque.
Por su importancia ese texto debería repartirse profusamente para que la ciudadanía tuviese al menos información de tan devastadora situación. Como diría el profeta Jeremías: “Gemid hermanos, que todos en él pusisteis vuestras manos”. Y es que motiva hasta el llanto el bochornoso hecho de que los gobernantes nicaragüenses habidos en esos cincuenta años, unos por acción, otros por omisión y más de alguno por indiferencia, ocasionaran semejante desastre.
Frente a ese perjuicio a una riqueza nacional de valor incalculable, los políticos enfrascados en la lucha por el poder desatendieron la vigilancia y no penalizaron a los culpables directos y a sus cómplices, permitiendo que gente inescrupulosa se dedicase al saqueo con total impunidad.
Varios sectores contribuyeron a fraguar esta tragedia. Por un lado, los comerciantes de madera con conexiones internacionales de carteles mafiosos que aprovechándose de la pasividad se dedicaron al inmisericorde despale. En otros casos han sido los contratos onerosos negociados con prebendas a políticos, los que produjeron la pérdida de una riqueza difícilmente recuperable. Otro factor estrechamente relacionado con la política fue la entrega de tierras que se sabía que iba a usarse para la agricultura y la ganadería, dejando los suelos arrasados. La quema de los bosques para incrementar la agricultura y la ganadería ha sido una fatalidad nacional.
Como lo asegura el jefe del departamento de políticas forestales del Ministerio Agrícola y Forestal (Magfor), “se entregaron tierras en zonas forestales en poder del Estado, tanto a ex contras como a militares retirados, que lo único que sabían hacer era despalar y quemar para sembrar arroz, frijoles y maíz. Fácilmente se puede observar que en toda la franja donde se empezaron a entregar esos títulos de propiedad, hubo un despale total y lo que tenemos ahora es una frontera agrícola de subsistencia”.
En otras palabras, la cifra de hectáreas entregadas con fines agropecuarios equivale al 36 por ciento del territorio nacional, cuando hace cincuenta años era apenas del 7 por ciento. Indudablemente que estamos en presencia de gente poderosa que maneja muchos millones de dólares y que conoce bien la corrupción de los políticos locales o la apremiante necesidad de madera que tienen países industriales dispuestos a pagar caro el despojo de los países pobres.
Y para que duela más, los negociantes pertenecen o están ligados a los partidos políticos que han ocupado el poder, sin que nadie los haya enjuiciado por su criminal conducta. Da tristeza y causa indignación comprobar cómo leyes que se dictaron con buena intención, fueron manipuladas y burladas. No obstante y para ser justos, hay que reconocer el mérito de quienes denunciaron y protestaron por el saqueo, pero no fueron escuchadas, como el grupo Cinco y las admoniciones del profesor Jaime Incer Barquero, insigne pionero en la defensa del bosque nacional.
