- Debió entrar en vigencia en octubre pasado, pero será hasta en enero
El Congreso costarricense puso ayer martes el punto final al proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos (DR-Cafta) al aprobar la última ley de un paquete de 13 que eran necesarias para implementar el convenio comercial.
La segunda y definitiva votación fue por una mayoría de 38 votos, de los 57 que componen el Legislativo, motivando reacciones de satisfacción del sector empresarial y del Gobierno.
“Tras más de cuatro años y medio de debate, tras la obtención de dos prórrogas para poder incorporar al país al Tratado y tras un histórico referendo donde una mayoría dijo sí a este acuerdo comercial, al fin estamos cerrando este capítulo”, manifestó en un comunicado el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
Costa Rica firmó el acuerdo en el 2004 junto a los demás países, pero luego su trámite sufrió tropiezos en el Congreso, ante la oposición de varios partidos políticos y grupos sociales, sobre todo ambientalistas.
Para superar las diferencias se convocó a un referendo en octubre del año pasado que favoreció el “sí” al DR-Cafta pero luego se complicó la tramitación de las leyes que se requieren para aplicar el Tratado, tanto que a fines de septiembre el país se vio obligado a solicitar una nueva prórroga, que vencerá el 1 de enero de 2009.
SIN CONSULTA A INDÍGENAS
“En los próximos días el Ejecutivo se dedicará a completar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país permitiendo la efectiva entrada en vigor del acuerdo comercial para el próximo primero de enero”, comentó en el mismo boletín de prensa el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz.
Costa Rica debía estar lista con la vigencia el 1 de octubre anterior, pero apenas unos días antes la Corte Constitucional encontró que el Congreso no consultó con los pueblos indígenas las reformas relacionadas con propiedad intelectual, por lo que devolvió el proyecto a los legisladores.
La solución salomónica fue retirar de la iniciativa los artículos que exigían la consulta a los grupos indígenas, por el poco plazo disponible para completar el proceso.
Para Manuel Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras, ésta es “una señal de que el país podrá discutir proyectos fundamentales dentro de una agenda de desarrollo y de competitividad” y apuntó que el convenio comercial abrirá “una ventana de oportunidades principalmente para las micro y pequeñas empresas”.
