- Guerrilla es la autoridad en pueblito venezolano, a vista y paciencia del Gobierno de Hugo Chávez
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EL NULA, VENEZUELA
En esta remota localidad del suroeste de Venezuela, a escasos 30 kilómetros de la frontera con el Arauca colombiano, el ambiente de relativa seguridad no se debe a la visible presencia militar del Gobierno venezolano, sino a las fuerzas que controlan de facto esta población de unos 10 mil habitantes: los guerrilleros colombianos que operan a sus anchas en la zona.
Infiltrados en casi todos los aspectos de la vida del poblado fronterizo, soldados y comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejercen activamente funciones de gobierno como administradores de justicia, supervisores de obras públicas y asesores de los consejos comunales creados por el gobierno de Hugo Chávez.
A pesar de que el Ejército venezolano controla el acceso al pueblo mediante múltiples puestos de revisión, los grupos guerrilleros actúan abiertamente, exigiendo “colaboraciones” regulares a los agricultores y ganaderos, y dirigiendo escuadrones de sicarios que castigan a irredentos o enemigos.
Aunque la presencia de grupos guerrilleros en esta y otras zonas fronterizas de Venezuela se remonta a principios del 2000, el creciente protagonismo que ejercen en el caso de El Nula no tiene precedentes y no hay indicios de que vaya a disminuir en el futuro cercano, dijeron expertos y algunos de los residentes afectados, durante un recorrido realizado por El Nuevo Herald por esta área del estado Apure.
“La presencia de los grupos guerrilleros en El Nula es una presencia activa, amenazante, interventora, violadora de la soberanía nacional, tanto por parte de las FARC como del ELN”, dijo el padre Acacio Belandria, un sacerdote jesuita que ha sido párroco de El Nula durante ocho años y que ha denunciado en numerosas ocasiones el activismo guerrillero en el poblado.
“IMPARTEN JUSTICIA”
Según testimonios y denuncias recabadas, la guerrilla actúa como una eficaz instancia de justicia, resolviendo disputas familiares, decidiendo la separación de bienes en casos de divorcios, o dando la palabra final en querellas legales de mayor envergadura, como el robo de ganado o el establecimiento de linderos de haciendas y fincas.
“Nos dicen que vayamos a la Defensoría del Pueblo o a los tribunales, pero ¿para qué? si se tardan meses en dar una decisión. En cambio con la guerrilla resolvemos el problema en 24 horas”, dijo una vecina de El Nula, que recientemente acudió a uno de los frentes del ELN para resolver un problema de separación de bienes, y que habló con El Nuevo Herald a condición de permanecer anónima.
“La guerrilla ofrece soluciones salomónicas que la gente termina aceptando, porque no hay una presencia eficaz del Estado venezolano”, dijo el padre Belandria.
Los irregulares colombianos también intervienen a discreción en las escuelas públicas locales, organizan reuniones regulares con directores y profesores en sus improvisados campamentos, y obligan a contratistas que construyen obras públicas con fondos del gobierno local, a pagar una comisión que va del 15 al 30 por ciento del total del valor de la obra, además de obligarles a contratar a guerrilleros como obreros.
“Tienen inteligencia dentro del Gobierno, tienen gente infiltrada. Ellos conocen todo. Ellos saben quiénes obtienen los contratos, las cantidades de dinero y el desarrollo de las obras”, indicó el padre Belandria.
En un contrato para construir una edificación de uso comunitario, a un costo de unos 9 millones de dólares, la guerrilla exigió el pago del 15 por ciento de comisión, equivalente a unos 1.35 millones. La obra no podía iniciarse hasta que se garantizara el pago a la guerrilla, dijo una fuente familiarizada con el contrato.
