- CSE ha ignorado a consejos de observadores para despartidarizar y mejorar el sistema electoral
[/doap_box]
-
Ver Infografia > El Consejo Supremo Electoral (CSE) partidarizado a partir de la reforma a la Ley Electoral hecha en el 2000 no ha mejorado el sistema electoral del país, por el contrario, ha empeorado en varios aspectos, explican observadores nacionales e internacionales.
Según los directores de dos de los organismos electorales con más trayectoria en el país, el CSE ignora las propuestas de reformas a la Ley Electoral.
El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, estima que el Consejo “está jugando con los dados cargados” porque “es juez y parte en el proceso” y “esto altera la equidad en la competencia electoral e introduce un elemento de desproporción en beneficio de un partido”.
El director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, coincide con Zúñiga en que “se han agravado” los problemas del sistema electoral y subraya que las recomendaciones de los observadores “no son caprichosas”.
En el 2006, los observadores coincidían en que existía una politización dañina en el CSE y sus estructuras, que se notaba, por ejemplo, en la distribución de sus magistrados según sus tendencias partidarias y menos de dos años después el Consejo ahora es controlado en su mayoría por el gobernante Frente Sandinista, según queja de los mismos magistrados de tendencia liberal que unas semanas atrás habían roto el quórum de ley para las sesiones del CSE.
A juicio de Courtney, “el sistema (electoral) puede ser víctima de sus propios errores”, sobre todo ante unas elecciones estrechas que hasta ahora no han sido el caso de Nicaragua.
Sin embargo, insiste en que en una contienda así, el sistema no soportaría el clima de tensión que se produce y el que no haya ocurrido “es sólo suerte”.
Según Zúñiga, estos elementos introducen desconfianza en el Poder Electoral, “alimentada” por decisiones políticas fraudulentas (como la decisión sobre las elecciones de Granada en el 2004) o el “alto nivel de discrecionalidad” con las impugnaciones de Juntas Receptoras de Votos (JRV) y por actuaciones o pugnas entre los magistrados que “se comportan como bancadas partidarias”.
Además, el director ejecutivo del Ipade reconoce que las recomendaciones de los observadores no tienen efectos jurídicos, pero tienen un efecto político importante para mejorar el sistema electoral.
Para el experto el origen de estos problemas está “en la naturaleza de la Ley Electoral, que es pactada” entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que estima hoy reclama porque “es medido con la misma vara” que pactó cuando era mayoría política, antes de las elecciones del 2006.
Sin embargo, lamenta que hay indisposición a las reformas electorales y el CSE resulta “alérgico” a la crítica, inconsciente de su función pública y por eso urge facilitar la participación de los partidos, la independencia de la administración de la cedulación y el control del financiamiento político, entre otras tareas cívicas.