- Gobierno venezolano también prevé multas y hasta cierre de establecimientos por los delitos de acaparar, especular o boicotear
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Tomado del Diario El UniversalCaracas, Venezuela
El gobierno de Hugo Chávez tiene ahora el camino allanado para expropiar no sólo los bienes y servicios de primera necesidad “esenciales e indispensables para la población”, sino también los bienes de cualquier tipo.
Analistas legales alertaron que el último párrafo del artículo cinco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios abre la posibilidad para que “los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la aplicación” de la normativa sean expropiados por el Gobierno, sin que medie la declaratoria previa de utilidad pública o interés social de la Asamblea Nacional.
Los consultados destacaron que este párrafo del artículo remite expresamente a quienes se encuentran sometidos a la legislación, y esto cambia completamente el ámbito de aplicación de la norma en los casos de declaratoria de expropiación por el Gobierno.
La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios enumera a los sujetos como los proveedores, cadena de distribución, producción y consumo, importadores, productores, fabricantes, distribuidores y comercializadores, y al explicar quiénes entran en esa definición no existe un criterio en el que encajen únicamente los participantes de la cadena de comercialización de los bienes y servicios de primera necesidad.
PROPIEDAD AMENAZADA
Esta normativa, que forma parte de las leyes que fueron aprobadas por el Ejecutivo en el marco de la vigencia de la Ley Habilitante, resulta clara en sus intenciones de intervenir en el proceso de una forma más amplia de lo que inicialmente se pensaba.
“Quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto (…) los actos o conductas de acaparamiento, especulación, boicot o cualquier otra que afecte el acceso a los alimentos o bienes declarados o no de primera necesidad por cualquiera de los sujetos económicos de la cadena de distribución, producción y consumo de bienes y servicios”, señala el artículo tres de la citada normativa.
Para los abogados consultados esto incluye en la legislación venezolana un concepto de utilidad pública general, de forma que un establecimiento objeto de una expropiación puede no ser estratégico.
“De alguna manera la propiedad está amenazada porque toda la cadena de comercialización queda en riesgo”, indicaron los analistas legales, quienes alertaron que el instrumento se traduce, en su contexto más amplio, en la imposición de trabas para desarrollar la actividad económica.
CONSEJOS PARA VIGILAR
Otro de los aspectos que se encuentran contenidos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios es la creación del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis).
Éste, a su vez, será apoyado por los consejos comunales, los cuales ahora quedan con la potestad de realizar fiscalizaciones a las empresas, cuyos resultados pueden ser remitidos al nuevo organismo estatal porque la normativa le otorga a las instancias de contraloría social funciones similares a las de una autoridad gubernamental.
“El empresario queda absolutamente agredido porque son mecanismos de asfixia a la propiedad privada”, indicó uno de los consultados quien prefirió no ser citado.
Además de la posibilidad de expropiar sin pedir el visto bueno de la Asamblea Nacional, la normativa prevé sanciones que van desde multas hasta el cierre del establecimiento por acaparar, especular o boicotear, entre otros delitos.
MATAN DEMOCRACIA
Con la aprobación de las veintiséis “leyes inconsultas” que el Gobierno venezolano aprobó “a última hora”, le está “propinando un golpe mortal a los derechos de propiedad, al libre emprendimiento y a las inmensas posibilidades de la acción privada”, considera la organización empresarial Consecomercio.
El organismo emitió su pronunciamiento tras un directorio, declarado en sesión permanente desde que la Gaceta Oficial recogió el contenido de esas leyes. Señaló que esa normativa pretende “sustituir la democracia económica por un capitalismo de Estado, hegemónico y arrogante, en el cual uno solo es el dueño de todo, supuestamente en nombre del pueblo”.
Nelson Maldonado, presidente de Consecomercio, indicó que el Gobierno “legitima definitivamente el control punitivo, la extorsión política y la expropiación confiscatoria que podrá ser aplicada sin aviso y sin protesto”.
Estas leyes, insistió el empresario, “concentran en el Presidente de la República un poder supremo: el jefe de Estado, supremo jefe de la Fuerza Armada, primera y última instancia en la Administración Pública, impulsor autoritario de nuevos enfoques económicos, decisor inapelable en materia económica y social y dueño absoluto de la renta petrolera que administra sin consultarle a nadie, sin presentar cuentas”.
