En el pleito de Nicaragua con Colombia por los derechos de soberanía en el mar Caribe, hay una posición de nación que es compartida prácticamente por todos los nicaragüenses. De eso no cabe absolutamente ninguna duda.
Es muy distinta la situación del pleito que Daniel Ortega tiene con Colombia, debido al apoyo descarado y provocador que el gobernante sandinista de Nicaragua le presta a las FARC, una organización de bandidos que libra la lucha armada desde hace más de cuarenta años para tratar de tomar el poder y convertir a su país en un narco-Estado “revolucionario”; una organización criminal —las FARC— que practica el terrorismo, que está involucrada en el tráfico de drogas y que secuestra a personas civiles y no combatientes a las que mantiene como rehenes en las selvas, en las condiciones más inhumanas que cabe imaginar.
En el primer caso, basta ver el mapa de la región y conocer la historia de Nicaragua y Colombia del último siglo, para darse cuenta de que la justicia y la razón le asisten a la nación nicaragüense en su reclamo de soberanía en el área del mar Caribe que está en disputa. En efecto, esa zona está muy cerca de las costas caribeñas de Nicaragua y bastante lejos de las colombianas. Y por otra parte, el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra que se firmó en Managua el 24 de marzo de 1928, mediante el cual Nicaragua le reconoció a Colombia jurisdicción sobre las islas de San Andrés y Providencia, fue suscrito en condiciones políticas y jurídicas anormales, cuando el Estado nicaragüense no podía ejercer ni defender sus derechos de soberanía nacional simple y sencillamente porque su territorio estaba ocupado militarmente por Estados Unidos.
Recientemente, mediante el fallo que dictó el 13 de diciembre de 2007 la Corte Internacional de Justicia que tiene su sede en La Haya, Holanda, resolvió que con el tratado de 1928 había quedado determinada la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y que por lo tanto dicha Corte no tiene nada que dirimir sobre un asunto que ya está resuelto. Esa resolución de la Corte Internacional de Justicia fue favorable a Colombia, evidentemente, pero Nicaragua la aceptó porque reconoce su jurisdicción en este caso. Sin embargo la misma sentencia de la Corte de La Haya del 13 de diciembre del año pasado, también establece que el tratado de 1928 no delimitó las áreas marinas y submarinas entre Nicaragua y Colombia, ni estableció soberanía de nadie sobre los cayos Roncador, Serrana y Quitasueño. Y que, por lo tanto, en esta parte de la disputa la Corte sí tiene competencia para delimitar las fronteras y establecer los derechos de posesión. De manera que ahora se está a la espera del fallo definitivo de la Corte, en el que ésta debe reconocer la soberanía de Nicaragua sobre esas áreas. Y alrededor de esto todos los nicaragüenses tienen una sola posición.
Pero no se puede decir lo mismo sobre el pleito por el apoyo que Daniel Ortega y los suyos le brindan a las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales comenzaron sus actividades en 1964 como un movimiento campesino de autodefensa armada contra la represión gubernamental y de los terratenientes, después se convirtieron en brazo armado del Partido Comunista de Colombia y finalmente degeneraron en una fuerza criminal que se dedica al narcotráfico, al terrorismo y al secuestro de civiles como medio de obtener dinero. Las FARC constituyen una organización delictiva que recibe anualmente más de mil millones de dólares de beneficios del narcotráfico internacional, otros seiscientos millones de dólares por los secuestros y extorsiones a la población civil, y una suma más o menos igual por robo y tráfico de ganado dentro de Colombia y hacia países vecinos.
De manera que en el apoyo a las fuerzas narcoterroristas colombianas Daniel Ortega no tiene ni podría tener nunca, el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses que más bien repudian la connivencia del gobernante sandinista con las FARC. En este caso el pleito con Colombia no es de Nicaragua y mucho menos del pueblo nicaragüense. Es un pleito personal de Daniel Ortega, que defiende a ultranza a sus hermanos narcoterroristas de Colombia mientras actúa en contra del pueblo nicaragüense.
