Prohíben venta de terrenos

En Carazo, abogados critican disposición [doap_box title=»Versión de PGR» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La oficina de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Estado en ningún momento está obstaculizando el traspaso de bienes inmuebles en Carazo. “Lo que está haciendo es regulando y ordenando la problemática de la propiedad, para garantizar […]

  • En Carazo, abogados critican disposición
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La oficina de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Estado en ningún momento está obstaculizando el traspaso de bienes inmuebles en Carazo.

“Lo que está haciendo es regulando y ordenando la problemática de la propiedad, para garantizar la seguridad jurídica, esto es con el fin de resguardar los derechos del Estado”, dice una comunicación escrita.

Agrega que “es bueno que en lo que respecta a las costas el ciudadano tenga conocimiento de la Ley de 1917”.

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CORRESPONSAL/ CARAZO

La preocupación de los propietarios de terrenos en los balnearios La Boquita, Casares y Huehuete, por cuanto no pueden vender sus propiedades, fue externada esta semana por el jurista Uriel Mendieta, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según un escrito de Mendieta, el Procurador General de Justicia, Hernán Estrada, dirigió orden a la Administración de Rentas de Carazo, para que no extienda boletas de pago de impuestos de transmisión de propiedades localizadas en dichos balnearios.

Este mandato, según explica, está fundamentado en la Ley Agraria de 1917, la cual prohíbe enajenar terrenos ubicados en una franja de dos kilómetros de ancho, a partir de la más alta marea.

TRANSACCIONES PARALIZADAS

Algunos abogados consultados sobre la medida, dijeron sentirse afectados por cuanto se han paralizado las transacciones lícitas de muchas personas que desean realizar ventas.

“Ante esta situación cobra importancia el estudio que hizo el doctor Uriel Mendieta sobre Legislación de Costas en Nicaragua”, dijo un abogado que pidió el anonimato por temor a represalias.

Según este documento de Mendieta, dicha ley no puede aplicarse con efectos retroactivos a títulos anteriores a 1917, e incluso algunos que existen desde el año 1890.

Dice que la prohibición de enajenar sólo se aplica al Estado, no a particulares.

A partir de la normativa se supo que varios afectados interpondrán recursos legales y elevarán una protesta al presidente Daniel Ortega, por considerar ilegal la petición de Estrada.

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