- En los casos de secretaria y vigilante
CORRESPONSAL/ RIVAS
Después de cuatro días de paros escalonados de dos horas, donde afiliados a la Federación de Trabajadores Judiciales de Sur Oriente (Fetrajuso) protestan porque no sea transferida de su puesto de trabajo la secretaria de actuaciones del Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Rivas, María Elena Castro Jiménez, jueces y personal de la administración explicaron las razones del conflicto.
En el despacho del juez de Distrito Penal de Audiencia de Rivas, Diógenes David Dávila Dávila, la doctora Iveth Toruño Blanco mantuvo la posición de ser testigo de cómo trabajadores en paro habían golpeado a dos jueces.
El juez Dávila explicó que el traslado de Castro a otro Juzgado se debe a las diferencias que existen en el ámbito laboral. “Son varios memorandos que le han sido enviados (a la secretaria) de mi parte con llamados de atención, por no entregar expedientes a tiempo, como un caso del 4 de abril del presente año, donde le llamo la atención por no pasar el expediente a tiempo por un caso de violación que tenía que ser remitido a juicio”, dijo Dávila.
El judicial manifestó que en varias ocasiones su secretaria le faltó al respeto, y hasta le dijo que si quería un acta rápido, que la hiciera él. En cuanto al fuero sindical de la secretaria, Dávila dijo que no se daba cuenta de que ella era de la directiva del sindicato Fetrajuso. Sobre el consentimiento del trabajador para su traslado, Dávila dijo que Castro Jiménez sabía del traslado al Juzgado de Ejecución de Sentencias.
En el caso de Roberto Solís Obregón, guarda de seguridad despedido de los Juzgados de Rivas, la responsable de Recursos Humanos del complejo judicial, Eva Cano Saballos, dijo que éste había cometido una falta grave al injerir licor el pasado 30 de diciembre en su centro de trabajo. Señaló que éste fue contratado en mayo del 2007, y que su récord de Policía estaba limpio, pero en enero de este año la misma Policía dio otro récord que indica que Solís Obregón tiene antecedentes delictivos.
