- Europeos no dan pie atrás en nuevas medidas contra los ilegales e incluso deciden reforzar fronteras
ACAN-EFE
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La cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas hizo el viernes oídos sordos a las críticas de países de Latinoamérica y África y de organizaciones de derechos humanos a la reciente norma sobre retorno de inmigrantes irregulares, que no han sido evocadas en la discusión sobre inmigración.
Los jefes de Estado y Gobierno dieron ya su visto bueno al capítulo de inmigración en su texto de conclusiones, pero en el debate no se discutieron esas reacciones negativas de los países latinoamericanos y africanos a la directiva de retorno de indocumentados, indicaron a Efe fuentes comunitarias.
La directiva fue aprobada el pasado miércoles por el Parlamento Europeo después que ya había recibido el visto bueno de los 27 Gobiernos de la Unión Europea.
Esa norma, que entrará en vigor dentro de dos años, establece unos criterios mínimos comunes en los países de la UE sobre cómo tratar a los inmigrantes que hayan entrado irregularmente en territorio comunitario.
Por ejemplo, nueve países de la UE no tienen actualmente límites al internamiento forzoso de indocumentados, que pueden quedar retenidos de forma indefinida, y la nueva legislación fija un período máximo (de seis meses, ampliables a 18 en casos de problemas de identificación).
La Unión Europea insiste también en que esas medidas garantizan unos derechos mínimos, y que los países que quieran puedan adoptar medidas con más garantías (como las que tiene España).
Sin embargo, tanto dentro de la UE (grupos de derechos humanos, partidos de izquierda u organizaciones de juristas) como fuera (sobre todo países de Latinoamérica y África) han criticado algunas de las medidas de la directiva.
Los puntos más criticados son el elevado período máximo de retención, la posibilidad de que los menores no acompañados puedan ser devueltos a los países desde los que llegaron a suelo europeo, y no necesariamente a los de origen y el alcance de la supervisión judicial de las retenciones forzosas.
Tras la aprobación de la norma en el Parlamento Europeo el miércoles, prácticamente todos los Gobiernos de Latinoamérica manifestaron críticas o preocupación, e incluso el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, dijo que la legislación incluye medidas que “pueden producir grandes injusticias”.
SOLANA VE EXAGERACIÓN
El jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, calificó el viernes en Bruselas de “totalmente desproporcionada” la amenaza del presidente venezolano Hugo Chávez, de no enviar más petróleo a los países europeos si se aplica la ley comunitaria de expulsión de indocumentados.
“A mi juicio es totalmente desproporcionada”, afirmó el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior en referencia a la reacción de Chávez .
“Al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países europeos” que apliquen la nueva ley comunitaria de expulsión de indocumentados, aseguró Chávez.
CHECOS IRÓNICOS
“Como es bien sabido, se da la paradoja de que Venezuela abastece principalmente petróleo a Estados Unidos, así que si deciden bloquearnos el suministro, no representaría un gran cambio para nosotros”, señaló el ministro checo de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg.
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dijo que “no hablamos para nada de eso”.
PERÚ QUIERE QUE OEA INTERVENGA
El presidente peruano Alan García propuso que los países miembros de la OEA se reúnan para definir una postura continental ante las nuevas leyes europeas para deportar a inmigrantes indocumentados, algo que consideró “injusto” y discriminatorio. “Esto es absolutamente injusto y poco cristiano”, dijo García.
Los miembros del Mercosur repudiaron la medida en una declaración divulgada el viernes, en la cual ratificaron “su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes .
CUMBRE INSTRUYE REFORZAR FRONTERAS COMUNITARIAS
Los líderes de la Unión Europea ordenaron el viernes a sus gobiernos que diseñen nuevas medidas de seguridad fronterizas y redoblen sus esfuerzos para endurecer las normas de inmigración y de asilo para el bloque de 27 países.
Los líderes de la UE dijeron que “intensificarán sus tareas” mediante la aprobación de una serie de medidas que incluyen la admisión de obreros altamente calificados, la decisión de los derechos a ser otorgados a residentes no europeos, y la implementación de pactos con otros países para asegurar que reciban a indocumentados deportados de la UE.
