Eduardo Montealegre ha desafiado al presidente Daniel Ortega a que demuestre públicamente, mediante una firma de auditoría internacional, las acusaciones que le ha hecho de que se robó 600 millones de dólares al amparo de la operación financiera de los Cenis, o sea los bonos del Estado que fueron emitidos por el gobierno de Arnoldo Alemán para proteger a los cuentahabientes de los bancos quebrados en los años 2000 y 2001.
El presidente Ortega, en sus comparecencias públicas del 16 y el 19 de mayo pasado en Managua y Niquinohomo, acusó a Montealegre por ese supuesto delito. Pero, además, en los medios de comunicación sandinistas desde hace meses se divulgan viñetas propagandísticas en nombre de los CPC y del llamado “poder ciudadano”, como se hace llamar el gobierno de Daniel Ortega, en las que se difama, injuria y calumnia a Eduardo Montealegre y al Presidente de la Junta Directiva y Director del Diario LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, con la misma acusación de que ambos se robaron 600 millones de dólares en el caso de los Cenis.
Semejante acusación de Daniel Ortega y su gobierno es difamatoria, injuriosa y calumniosa y, por lo tanto, delictiva. Montealegre y Chamorro Cardenal no han sido acusados ni juzgados y mucho menos condenados ni por ése ni por ningún otro delito, y aunque le pese a Daniel Ortega —quien suele atropellar hasta los más elementales derechos de los individuos—, en Nicaragua existe el principio de presunción de inocencia mientras no se pruebe que la persona es culpable de la acusación que se le hace, ni se le haya condenado en un juicio justo llevado a término conforme a las reglas del debido proceso.
Además, en el Código Penal todavía vigente, Capítulo VII, artículos 169 a 194, están establecidas las tipificaciones de los delitos de calumnia e injuria, en las cuales se retrata nítidamente la acusación de Daniel Ortega contra Eduardo Montealegre y la campaña difamatoria, injuriosa y calumniosa en los medios de comunicación sandinistas contra el mismo Montealegre y contra don Jaime Chamorro Cardenal.
Pero también en el Código Penal, específicamente en su artículo 172, se establece que no hay calumnia si el que acusa a otro “probare la certeza de las imputaciones que haya hecho”. De manera que si aceptara el desafío de Montealegre, Daniel Ortega tendría la oportunidad de probar las acusaciones que le ha hecho a aquel y que ha imputado también al director de LA PRENSA. Pero la aclaración de este caso tendría que ser hecha por una firma internacional de auditoría, porque las instituciones de investigación, contraloría, fiscalía y administración de justicia de Nicaragua han demostrado estar al servicio del poder de Daniel Ortega, no de la verdad, ni del derecho, ni de la justicia, ni de la decencia pública, ni de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
En este orden cabe referirse también a la declaración del ex presidente Arnoldo Alemán, en la que aparentemente ha respaldado el desafío de Montealegre a Daniel Ortega. Pero al mismo tiempo Alemán se opone a que sea una auditoría internacional la que dilucide la acusación por el caso de los Cenis, pues según él la Constitución estipula que “la Contraloría General de la República es la única institución que tiene la facultad para examinar los daños y perjuicios ocasionados al Estado”.
Es falso. La Constitución no establece que sólo la Contraloría puede hacer ese tipo de investigación. Lo que dice es que la Contraloría “es el Organismo Rector del sistema de Control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado”. Si fuese como dice Alemán, la Asamblea Nacional no podría tener una comisión de probidad ni crear comisiones especiales de investigación.
En realidad, Arnoldo Alemán debería dejarse de medias tintas y definirse claramente a favor de Eduardo Montealegre o de Daniel Ortega, su socio en el pacto libero-sandinista. Y si Daniel Ortega tuviera la entereza que se requiere en cualquier parte del mundo para desempeñar un cargo público de tanta responsabilidad, como es la jefatura de Estado y de Gobierno, aceptaría el desafío de Eduardo Montealegre. Pero no lo va a aceptar porque no tiene esa entereza, porque lo que quiere es eliminar a Eduardo Montealegre de la competencia política, y de paso castigar a LA PRENSA por su lucha intransigente contra el pactismo, el autoritarismo y la corrupción.
