- Acusados de la muerte de 68 reos en el 2003
Un juzgado hondureño sentenció ayer miércoles hasta a 740 años de cárcel a unos 20 militares y policías que en 2003 participaron en una matanza de 68 presos en la cárcel de El Porvenir, 500 kilómetros al norte de la capital, informó el tribunal.
El juez del puerto caribeño de La Ceiba leyó la sentencia ante las acusaciones que presentó la Fiscalía del Ministerio Público (MP) contra 34 militares, policías y “rondines” (reos coordinadores para imponer disciplina) en el denominado “juicio del siglo” en este país centroamericano.
La Fiscalía presentó los casos por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y violación de los deberes de los funcionarios a los miembros del aparato de seguridad que, a punta de balas, terminaron con un motín que se registró en esa cárcel.
Algunos de los sentenciados que recibirán penas de tres a seis años pueden salir bajo fianza, pero otros tienen que ir a la cárcel porque fueron sentenciados hasta a 30 años por cada una de las muertes imputadas.
La ley hondureña sólo reconoce el pago máximo de 30 años de cárcel, por lo que los 740 años es una pena únicamente moral.
El tribunal anunció que las penas serán comunicadas con precisión a cada uno de ellos el 17 de julio.
CONFIRMAN MATANZA
Según la acusación del MP, en la masacre —ocurrida el 5 de abril de 2003— “quedó totalmente confirmada la participación de los cuerpos policiales en el marco de una política de exterminio de jóvenes vinculados a las pandillas”. La actuación policial y militar fue confirmada el 24 de noviembre de 2004 por la Fiscalía de Derechos Humanos, que reveló que agentes policiales facilitaron armas a los reos que provocaron el motín y la muerte de las 68 personas.
En el levantamiento, murieron 59 pandilleros de la Mara 18 (M-18), seis reos comunes y tres visitantes, tras ser atacados con armas de fuego por autoridades y otros reos comunes.
“Es un fallo que satisface al MP, es un fallo que va a hacer reflexionar a los agentes del Estado que tienen límites y es un fallo histórico que crea jurisprudencia”, destacó la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
Pero la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, quien apoyó las gestiones de los familiares de las víctimas, lamentó que “no se sentenciaron a los que dieron la orden” de ejecutar a los presos y “por eso no puede ser histórico”.
El oficial de más rango sentenciado es el jefe del penal, comisionado Luis Beltrán.
Un informe del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), divulgado en mayo de 2004, estableció que los guardias asesinaron a unos 47 de los 61 miembros de la pandilla 18.
Murieron también cuatro reos comunes, un guardia y dos mujeres que visitaban la prisión, una de ellas con un bebé, que también falleció.
Los reclusos, según el Conasin, encerraron en sus celdas a numerosos pandilleros o que los habían amenazado a muerte y les rociaron gas y prendieron fuego.
Algunos pandilleros, desesperados por salvar sus vidas, se introdujeron en las alcantarillas de una celda, donde los guardias les dispararon, según el informe oficial. Unos 30 cadáveres carbonizados fueron encontrados en dos celdas.
El Porvenir fue construida para albergar 240 reos, pero el día de la matanza habían 571 internos. La Mara 18 junto a la Salvatrucha son violentos grupos de jóvenes que aterrorizan a Honduras desde 1986.
