CORRESPONSAL/CARAZO
La situación deplorable que mantiene atada a una cama a Laura Rojas Cerda, de aproximadamente 80 años, ha ocasionado preocupación entre los pobladores del municipio de Dolores, en Carazo.
La anciana habita en una casa cerca de la Alcaldía municipal y a pocos metros de la estación policial, junto a su hermana Matilde, de unos 75 años, quien camina apoyada en un andarivel y también necesita de atención médica y alimentos.
En el caso de Laura, la situación es más dramática, pues permanece acostada a causa de una complicación en una de sus piernas, que le imposibilita caminar.
UN SITIO INSALUBRE
A falta de ayuda de sus familiares, esta señora no es asistida en su aseo personal, por lo que en su misma cama hace sus necesidades fisiológicas.
Ambas viejitas reciben la visita diaria de su hermano Rigoberto Rojas Cerda, también longevo, quien dijo a LA PRENSA que les lleva alimentos y que no necesitan ir a un asilo.
“No queremos que vayan a un asilo, además ellas están bien”, dijo el señor un poco molesto.
VÍCTIMAS DE DELINCUENTE
Las dos hermanas habitan solas y ya fueron víctimas de un delincuente, según explicó Mercedes López, habitante del lugar.
Dijo que un sujeto oriundo de Masaya las visitó tiempo atrás y se les robó varias imágenes religiosas de gran valía, por su antigüedad.
López y otras personas que llegan a verlas por caridad, dijeron que estas señoras tienen familiares, pero nadie se quiere hacer cargo de ellas.
LLAMADO AL MINSA
Leonel Palma, habitante de Dolores, dijo que su grupo de oración tiene la devoción de visitar a los enfermos y desamparados, por tanto han hecho esfuerzos por sacar de esa situación a estas dos hermanas, pero se han decepcionado ante la negativa del hermano varón y Matilde.
Dijo que el Alcalde de Dolores, Santiago Espinoza, forma parte del grupo de oración y también se ha visto obligado a respetar la decisión de los hermanos.
No obstante, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud y Ministerio de la Familia para que se hagan cargo del caso, pues como entidades de Gobierno tienen la potestad de velar por personas vulnerables y abandonadas.
