No hay ninguna justificación para que el gobierno de Daniel Ortega y el Consejo Supremo Electoral le impidan a los ciudadanos de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), específicamente de los municipios de Bilwi o Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka, el ejercicio del derecho a elegir libremente a sus autoridades municipales en los comicios del próximo mes de noviembre. Por lo tanto, Ortega es el único y verdadero culpable de la violencia que ha habido en Bilwi y que podría extenderse a otros lugares de la RAAN.
El argumento para pretender la suspensión de las elecciones en esos municipios y provocar la violencia, es que no hay allí condiciones para realizar los comicios. Pero, ¿cómo es posible que no existan condiciones para celebrar un acto cívico, pacífico, festivo y estimulante de la dignidad ciudadana, como es la votación popular y la elección libre de autoridades, pero que sí haya condiciones para que los partidarios de Daniel Ortega se tomen el aeropuerto, para que bloqueen las entradas y salidas de la ciudad, para que agredan a diputados de la oposición y en general para que provoquen actos de violencia que han hecho correr la sangre de hermanos de la misma etnia, de la misma nación y del mismo pueblo?
Las razones de Daniel Ortega y sus colaboracionistas en el Caribe norte del país para pretender la suspensión de las elecciones del próximo mes de noviembre en Bilwi o Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka, son burdas, arbitrarias, mezquinas e inaceptables. La primera de esas razones es que ellos saben que van a perder las elecciones, como consecuencia de la ineptitud y la corrupción —sobre todo con el manejo de la ayuda que llegó a la RAAN después del huracán Félix— que han demostrado al gobernar en esos lugares. En realidad, es muy cierto que los pueblos, cuando pueden elegir libremente castigan con el voto a los malos gobernantes.
La segunda razón que tienen para suspender los comicios en los tres municipios de la RAAN, es el gran negocio que han hecho con la madera de los árboles que tumbó el huracán Félix. Obviamente, este negocio turbio quedaría al descubierto y seguramente se terminaría, al pasar los gobiernos municipales a manos de las personas que resulten elegidas en los comicios de noviembre, las cuales sin duda serían de la oposición democrática.
Y la tercera razón para suspender las elecciones en esos municipios de la RAAN, es el perverso precedente político que se establecería, de suspender una consulta electoral alegando el Gobierno “falta de condiciones”, ya sea por los efectos de un huracán como en este caso o por cualquier otro motivo que se les ocurra a Daniel Ortega y los estrategas del FSLN, que odian la democracia y sólo la utilizan cuando sirve a sus fines autoritarios.
Es oportuno y necesario señalar, que el Presidente de la República está facultado por la Constitución, para suspender algunos derechos y garantías de los nicaragüenses, “cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional”, tal como lo dice textualmente el artículo 185 constitucional. Pero el Presidente, ya sea Daniel Ortega o cualquier otro, no puede hacer eso por su exclusiva voluntad. Tiene que ser una decisión que se tome en Consejo de Ministros y luego ser aprobada por la Asamblea Nacional, mediante ley que ponga en vigencia el Estado de Emergencia.
Además, de acuerdo con el artículo 186 de la Constitución en ningún caso se puede suspender el artículo 51, que es el que garantiza el derecho de los nicaragüenses a “elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución”. Tales limitaciones son únicamente las que señala el artículo 47 de la misma Constitución, referidas a aquellas personas cuyos derechos ciudadanos “se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil”.
De manera que son absurdos e ilegales, y por lo tanto inaceptables, los pretextos de Ortega para suspender las elecciones en los tres municipios del Atlántico Norte. Y la culpa por la sangre de hermanos derramada otra vez en la RAAN, le corresponde ante todo al gobierno de Daniel Ortega, porque es su empecinamiento autoritario el que ha provocado esta situación y el que ha traído de nuevo a Nicaragua el fantasma de la violencia y de la guerra civil.
