- Aunque admite que podrán mejorar sus procedimientos
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Aunque la discusión de la Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica está suspendida hasta nuevo aviso, por la amenaza de una nueva crisis institucional en la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais, defendió la ley que su equipo dictaminó.
Según Pallais, la suspensión de la discusión ocurrida el martes no obedece a la inconformidad con la ley como tal, sino a la defensa de los diputados liberales por la institucionalidad y competencias de la Asamblea y la Constitución Política ante la intención del Consejo Supremo Electoral (CSE) de suspender las elecciones en los municipios Waspam, Bilwi y Prinzapolka, en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
En efecto, la sesión —que es apenas la primera de la legislatura— fue suspendida el martes tras una declaración de las bancadas liberales en contra de la suspensión de esas elecciones.
Sin embargo, diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), antes ALN, del PLC, Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y otros independientes, han criticado la ley, que antes fue aprobada por la mayoría en lo general.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez admitió, tras la sesión suspendida, que no había condiciones para un “debate de altura”, mientras decenas de consumidores presentes en el plenario lo abucheaban por defender la ley.
A pesar de esto, Pallais sostiene que la propuesta de su Comisión, que ahora se discute, “es totalmente diferente a lo que mandó el Ejecutivo y a lo que ya está en el proceso de avance, porque se estableció una serie de normas en garantía al consumidor y sanciones para la empresa”.
Pallais, además, confió en que una vez se resuelva la paralización de la Asamblea, la ley se aprobará sin problemas.
NUEVAS MODIFICACIONES
Sin embargo, el diputado liberal admitió que aún se pueden mejorar “algunos aspectos” de la ley, que el Frente Sandinista ha defendido contra todo.
Pallais explicó que uno de esos “aspectos” que han generado más polémica y aún están pendientes es, por ejemplo, el establecimiento de sanciones penales de seis meses a cinco años de prisión para aquellos clientes que consuman el equivalente a tres salarios mínimos del sector industrial, que hoy se traducen en un promedio de 800 kilovatios por mes.
Pallais dijo que entre las reformas que se puedan hacer es que, en lugar de un equivalente según sueldos mínimos, se indique de la sanción según el consumo de kilovatios.
A juicio de Pallais, esta propuesta se aceptaría por el temor de que la inflación permita en algún momento que el equivalente sean menos kilovatios y se “penalice la pobreza, que no lo vamos a permitir”, aseguró.
Pero esta propuesta exigiría una reforma al Código Penal, que no se acaba de publicar.
