Una delegación del parlamento de la Unión Europea (UE), que se encuentra en Nicaragua, insistió ayer en la necesidad de que Centroamérica se adhiera a la Corte Penal Internacional (CPI), “para garantizar en la región un estado de derecho”.
No obstante, aclaró que la UE no impondrá como condición en el marco de las negociaciones con el istmo que Centroamérica se integre al organismo de justicia internacional.
Raimon Obiols i Germá, presidente de la delegación, expresó que “Europa puede proponer como tema de reflexión la conveniencia de avanzar más en la creación de legalidad y normas jurídicas y democráticas en el ámbito internacional”.
Añadió que “la UE es partidaria de la Corte Penal Internacional (por lo que) invita y propone a sus interlocutores a que consideren la conveniencia de apoyar(la)”.
El diputado insistió en que será “una decisión soberana” de cada país de suscribirse a la Corte Penal Internacional.
“Un compromiso de un país de apoyar la Corte Penal Internacional mira al futuro no al pasado, significa un gesto enormemente positivo para la UE”, añadió.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene entre sus funciones perseguir y condenar crímenes de lesa humanidad como la tortura, las desapariciones forzadas y el apartheid.
En Centroamérica sólo Nicaragua, El Salvador y Guatemala se oponen a ratificar el tratado de la CPI.
Obiols i Germá también expresó el interés de la UE de acelerar las negociaciones para la firma del acuerdo de asociación con la región centroamericana.
Ante las constantes críticas y denuncias del Presidente de la República, Daniel Ortega, a las supuestas imposiciones de la UE durante las rondas de negociación con el istmo, el diputado fue enfático al afirmar que “Europa no pone condiciones sobre la mesa como no sean condiciones de legalidad, del respeto a la democracia, de las instituciones multilaterales, como la del trabajo. Europa no haría un acuerdo con países que vulneran los derechos laborales”.
Obiols i Germá también externó su preocupación por el conflicto armado que vive Colombia y el cautiverio de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
