La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), y las alcaldías de Managua, El Crucero, La Concepción, Nindirí y Ticuantepe, dispusieron el 7 de febrero pasado prohibir las construcciones de cualquier tipo en una área de 56.89 kilómetros cuadrados, al Este y al Sur de la ciudad capital. Según se informó, en esa zona hay unos 50 pozos de los cuales se extrae hasta el 70 por ciento del agua potable que consumen los habitantes de Managua, la cual está siendo contaminada por las urbanizaciones y asentamientos espontáneos, que en los últimos años han proliferado en dichas zonas.
Sin duda que es plausible el afán proteccionista del agua, de Enacal y las alcaldías mencionadas. Sin embargo, la medida que han impuesto causa graves problemas a los miembros de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), a los desarrolladores urbanos en general y a los bancos que facilitan créditos para el financiamiento de viviendas. Tal como se ha informado por diversos medios, más de 30 millones de los 50 millones de dólares que los bancos tienen distribuidos en créditos hipotecarios, están invertidos en el área que ha sido vedada a la construcción. Además, se perjudica gravemente a los urbanizadores que han hecho cuantiosas inversiones de diverso tipo, así como a numerosas familias que esperaban radicarse en las viviendas, cuya construcción ha sido prohibida, a los trabajadores de la construcción que quedarán sin empleo y a muchas otras personas que se benefician directa e indirectamente por la ejecución de las obras de construcción y urbanización.
La medida ha sido cuestionada también por un especialista en recursos hídricos, el doctor Pedro Álvarez, quien en una conferencia que dictó el 25 de febrero sobre el problema del agua, expresó que “debe buscarse a éste una solución integral que ayude a prevenir la sobreexplotación, establecer mecanismos de tratamiento, reciclar el agua, pero sobre todo que se propongan opciones para que los agricultores hagan a un lado los plaguicidas, que son los que causan el peor daño a los acuíferos”. Sin embargo, el alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, ha menospreciado la protesta de los urbanizadores con el argumento de que “la veda de emergencia no es un asunto económico, es un asunto de vida o muerte para la población”. “Los urbanizadores y banqueros son empresarios y tratan de defender su dinero, pero el día que estemos sin agua ni ellos van a poder hacer sus casas, por eso hay que proteger al agua a toda costa”, sentenció Marenco, para quien, al parecer, los urbanizadores y banqueros no tienen derecho ni de reclamar, porque son empresarios privados.
Pero el alcalde Marenco está equivocado. En realidad, es buena y loable la intención de proteger el agua potable de los habitantes de Managua, protección que debería extenderse a Chontales, Boaco, Granada y todos los demás departamentos y municipios, cuyos habitantes sufren por la escasez de agua y la contaminación de la poca que pueden consumir. Pero las medidas que se adopten con ese propósito deben ser cuidadosamente pensadas, planeadas y ejecutadas, a fin de evitar daños a terceras personas, naturales y jurídicas. Y en todo caso, si por proteger el agua como bien colectivo es absolutamente indispensable perjudicar el interés de particulares, éstos deben ser debidamente indemnizados y no atropellados con medidas autoritarias. No hay necesidad de recurrir a medidas extremas. Hasta el diputado socialcristiano en la bancada del FSLN, Agustín Jarquín, expresó que la veda de construcciones es “una exageración, un acuerdo de legalidad precaria, no enfoca adecuadamente el problema, es inaplicable y por el contrario agravará la problemática existente”.
Lo cierto es que no sólo Enacal y los alcaldes están interesados en proteger el agua. También las personas, que trabajan como urbanizadoras o desarrolladoras, comparten la preocupación por el agua de hoy y de mañana. Pero esa protección no se logra con una medida parcial, autoritaria y meramente administrativa. Lo que se necesita es una adecuada utilización y reconversión de las aguas, en base de un procedimiento integral discutido y adoptado de común acuerdo entre Enacal, los alcaldes y los urbanizadores. Nada cuesta y es más provechoso para todos, hacer estas cosas de manera correcta y democrática.
