Pacto recargado

El 9 de enero pasado, Eduardo Montealegre, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), firmaba un documento con representantes del Partido Liberal Constitucionalista, en el que se establecía que él sería el candidato liberal por Managua para las elecciones de noviembre próximo. Minutos después, entraba sorpresivamente en la sala un sonriente Arnoldo Alemán acompañado de un séquito que gritaba su nombre: “¡Arnoldo, Arnoldo, Arnoldo!”

Montealegre dijo que no esperaba la llegada del ex presidente, bajo el régimen de casa por cárcel por una condena a 20 años de presión por fraude al Estado. Ambos políticos se abrazaron y la sala del hotel capitalino donde se realizaba la reunión era inundada por el sonido de los gritos y los aplausos. Un día después, se conocería el motivo de la llegada de Alemán al acto liberal.

-¿Cuál es su nombre?– preguntó Daniel Ortega.

–Enrique Molina — respondió con voz temblorosa el hombre, bajo, moreno, vestido de saco y corbata.

–Hola, Enrique — dijo Ortega, estrechándole las manos.– ¿Qué viene a hacer?

–Presidente Ortega, vengo a notificarle estas resoluciones emitidas hace unas horas por la Corte Suprema de Justicia.

Las resoluciones eran el resultado de un acuerdo entre Ortega y Alemán, en el que se declaraban legales los Consejos del Poder Ciudadano, se declaraba inconstitucional la Ley Marco y se establecía la vigencia parcial de las reformas constitucionales aprobadas en el 2005.

Todo a cambio de que Alemán recuperara la “amplitud” de su condena y nuevamente puede moverse tranquilamente por todo el país a pesar de que el 13 de diciembre pasado el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) ratificó la condena a 20 años de prisión contra el ex mandatario por lavado de dinero y delitos de corrupción durante su mandato (1997-2002). Un nuevo amarre entre Ortega y Alemán.

El 10 de enero el presidente Ortega se presentó a la Asamblea listo para abofetear a la oposición que hasta ahora había tratado de limitar sus decisiones, entre ellas la de declarar ilegales a los Consejos del Poder Ciudadano, el proyecto político estratégico de Ortega.

Después de que el cardenal Miguel Obando y Bravo, aliado de Ortega y quien selló la unión de la pareja presidencial, hiciera su “Evocación al Altísimo” y que el mismo Ortega anunciara que su esposa Rosario Murillo es Ministra de la Presidencia “de hecho”, el mandatario anunciaba que se ponía fin a la crisis política del país y se abría la posibilidad de instaurar un sistema parlamentario.

“Nos sentimos satisfechos porque dimos un primer paso y la Asamblea va a conocer y aprobar los nombramientos de ministros, embajadores y todo lo que está establecido en esa reforma”, dijo Ortega.

Con la entrada en vigencia de las reformas constitucionales del 2005, impulsadas en la Asamblea Nacional por las bancadas del PLC y el FSLN, parte de las atribuciones del Presidente de la República se trasladan al parlamento, bombardeando el equilibrio de Poderes en el Estado y convirtiendo a la Asamblea en el eje principal en la toma de decisiones.

Las reformas fueron una creación de Ortega para debilitar al gobierno del ex presidente Enrique Bolaños. El 29 de marzo de 2005, la Corte Centroamericana de Justicia consideró “inaplicables” estas reformas, que sin embargo fueron aprobadas por la Corte Suprema de Justicia. En octubre del 2005, Bolaños y Ortega acordaron aprobar una Ley Marco que pospusiera la vigencia de las reformas constitucionales hasta después del 10 de enero de 2007. Ahora esa Ley fue declarada inconstitucional por la Corte.

Con la entrada en vigencia de las reformas, cualquier nombramiento de cargo que haga el presidente Daniel Ortega deberá ser ratificado por la mayoría simple (47 votos) de los diputados ante la Asamblea Nacional. Pero el mandatario sólo cuenta con 38 diputados en el Parlamento, lo que ha llevado a su partido a buscar aliados que le permitan fortalecer su bancada.

En las últimas semanas ha habido denuncias de que miembros del FSLN han hecho ofertas económicas y de cargos públicos a algunos diputados, para que apoyen a la bancada sandinista.

Salvador Talavera, presidente del Partido Resistencia Nicaragüense, es uno de los nombres que se han mencionado como posible apoyo a la bancada sandinista. Talavera admitió la semana pasada que ha recibido ofertas económicas. En entrevista con Domingo, el diputado dijo que no le interesa formar parte del bloque sandinista en el parlamento, pero también criticó la actuación de los 52 diputados opositores.

“Las barbaridades que va a cometer este gobierno no se van a resolver metiendo la cabeza bajo la tierra como la avestruz y dejar pasar la oportunidad para decirle cuatro verdades”, afirmó el diputado, quien en el 2006 firmó una alianza con Ortega, que le hizo una serie de promesas en favor de los ex contras.

Wálmaro Gutiérrez, diputado por el FSLN, dijo que las resoluciones de la Corte ponen un “tapón” a la crisis entre Ejecutivo y Legislativo, iniciada cuando el presidente Ortega quiso legalizar los CPC y convirtió este tema en el principal tema de lucha de la oposición.

Gutiérrez explicó que a partir de la próxima semana las bancadas tendrán que trabajar en “consenso y diálogo” en la toma de decisiones con el Ejecutivo.

Sin embargo, diputados opositores afirman que la crisis se mantiene porque la Corte tiene el poder de declarar nula cualquier ley.

El jueves, el diputado liberal Wilfredo Navarro dijo que mientras no se solucione el derecho constitucional de la Asamblea de emitir leyes sin control previo, no se va a superar la crisis entre poderes.

Hasta ahora lo único que une a los 52 diputados opositores es un rechazo a Daniel Ortega. Fuera de eso hay desacuerdos y disputas que debilitan al proyecto, denominado Bloque contra la Dictadura.

Con el nuevo escenario creado el jueves pasado, con las reformas constitucionales en vigencia, el pacto entre Alemán y Ortega fortalecido, y con los miembros de la Corte Suprema de Justicia apoyando las decisiones de ambos caudillos, los diputados de la oposición deben redefinir su estrategia y luchar contra el desmantelamiento del pacto, afirmó Dora María Téllez.

María Eugenia Sequeira, diputada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dijo que el bloque “se mantiene totalmente sólido” y que van a trabajar por mantener “el equilibrio de los Poderes del Estado, sostener la democracia y el Estado de Derecho y devolverse la institucionalidad a la Asamblea”, aunque aún no están definidas las maniobras para lograrlo, más que “no asistir a nada que tenga que ver con el Presidente mientras aquí en Nicaragua no se restablezca el Estado de Derecho”.

Pero ahora la oposición se enfrenta a un nuevo escenario. Para los analistas, las resoluciones significan una continuidad del pacto entre Alemán y Ortega, un golpe a la oposición dentro de la Asamblea Nacional, además de darle al Presidente la potestad de gobernar por decreto con el respaldo de la Corte, que podría validar los mandatos del gobernante e invalidar aquellas leyes que no gusten al mandatario.

“Lo más importante de la resolución de la Corte Suprema es que de oficio declaró inconstitucional 4 ó 5 leyes. Esa es una cosa totalmente inaudita. Eso es una cosa bárbara. Nos lleva a pensar que la estrategia de Daniel, toda vez que perdió la mayoría parlamentaria, es gobernar por decreto, con la garantía de la Corte Suprema”, afirma la analista Dora María Téllez.

“Lo que estamos viendo y vamos a ver en el futuro es la continuidad del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Alemán ya no puede hacer concesiones en la Asamblea Nacional porque no tiene control total de la bancada, entonces ahora la llave maestra del pacto va a estar en la Corte Suprema de Justicia, porque estos todavía le son incondicionales a Alemán”, agrega.