- El 20 de enero próximo entrarían en vigencia las reformas constitucionales que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán urdieron contra el gobierno de Enrique Bolaños, pero que ahora apuntan a la cabeza de Ortega
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20 de enero. A partir de esa fecha el país podría sufrir cambios que marcarían un nuevo giro en el comportamiento político. Ese día vence el término de la Ley Marco, un hecho que arrastra consigo la entrada en vigencia de las reformas constitucionales y como resultado, algunos analistas avizoran tres escenarios posibles: uno, que el presidente Daniel Ortega se vea obligado a compartir poder con la oposición y exista la armonía que hoy falta; dos, que la crisis se agudice y se paralicen más instituciones por falta de entendimiento y tres, que Ortega logre salvar el escollo con un nuevo pacto de “dame que te doy”.
Paradójicamente, las reformas constitucionales son una creación, principalmente, de Daniel Ortega, cuando junto con su aliado político Arnoldo Alemán decidieron “maniatar de pies y manos” al ya de por sí casi paralizado gobierno de Enrique Bolaños. Una vez ganado el Gobierno, a Ortega le correspondía probar de su propia medicina. El 20 de enero pasado, postergó el trago gracias al polémico apoyo que consiguió con la bancada de ALN con quien aprobaron una prorroga de un año más para las controversiales reformas. ALN justificó en ese entonces su sorpresivo respaldo al gobierno sandinista bajo la premisa de que la entrada en vigencia de las reformas daba aire al pacto entre Ortega y Alemán, al necesitar el primero los votos del segundo para funcionar. Ahora, en el nuevo contexto, se ve difícil que Ortega consiga otra prórroga.
“Ahora Ortega no tiene más remedio que tragarse su propia medicina. Él y Alemán fueron los alquimistas que se pusieron de acuerdo para preparar esta poción, y ahora le va a tocar tomar en cucharadas fuertes lo que ellos mismos prepararon”, advierte el analista político Carlos Tünnermann.
La vigencia de las reformas constitucionales obligaría a que el presidente Daniel Ortega comparta con la Asamblea Nacional el poder de nombrar a sus funcionarios públicos. En palabras simples, las reformas mandan a que el Presidente proponga y a que la Asamblea ratifique.
Para la jurista Asunción Moreno, las reformas constitucionales significarían un paso grande hacia la democrática, pero el éxito de éstas depende del nivel de entendimiento que se logre entre el Presidente y los legisladores, algo que según algunos diputados está lejos de lograrse.
“Las reformas parciales en su momento fueron satanizadas y mal vistas, pero si vamos viendo punto por punto, traen elementos que fortalecen la democracia, pero la fortalecen obligando a los Poderes del Estado a trabajar armónicamente, si no, el Ejecutivo no podría tener gabinete. Si cambian ministros, por ejemplo, mientras el Legislativo no los ratifique no podrían ejercer el cargo”, explica Moreno.
“Yo he visto con buenos ojos las reformas parciales. Para mí, el que se le reste facultades al Ejecutivo y se compartan con el Legislativo es más democrático. Sería una profesionalización de los ministros porque van a poner a los ideales, porque la Ley dice que el funcionario debe cumplir con requisitos de capacidad y mérito. El tema es si se van a poner de acuerdo para profesionalizar la función pública o si se van a poner de acuerdo para nombrar a los suyos, que ese es otro tema, aunque siempre cumplan con la Constitución”, agrega.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Pallais, afirma que no hay ninguna posibilidad que impida la entrada en vigencia de las reformas constitucionales o que prorrogue una vez más la Ley Marco. Sin embargo, desde ya avizora como poco probable un diálogo con el Gobierno.
“No apreciamos voluntad de Daniel Ortega ni del Frente Sandinista para trabajar por la mejoría de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay una posición de fuerza, de continuar sus ataques contra el Poder Legislativo. Sólo observamos persistencia en las amenazas”, expresa Pallais.
El diputado Pallais afirma que el denominado bloque contra la corrupción, que aglutina a 52 diputados de las corrientes ajenas al gobernante FSLN, “está abierto a cualquier entendimiento pero que pase por una condición de principios, primero el respeto y la restitución plena de la facultad de legislar de la Asamblea Nacional. Eso implica un reconocimiento del Ejecutivo del Estado de Derecho”.
Actualmente el Poder Legislativo está en conflicto con el Poder Judicial, luego de que este último declarara inconstitucional la Ley 630, previo a su publicación, que anula a los Consejos del Poder Ciudadano como elementos del Poder Ejecutivo.
Esto ha sido visto como un nuevo mecanismo que limita a los diputados su capacidad de legislar. Mientras tanto, para los legisladores no sería nuevo que alguien recurra de amparo por la entrada en vigencia de las reformas constitucionales del 2005.
“Estamos llegando a una situación en el país donde si no hacemos un esfuerzo ahora, no va a haber Estado de Derecho. Si en la Asamblea Nacional no se aprueba la iniciativa que presentó el bloque parlamentario contra la dictadura, sobre la interpretación auténtica de la Ley de Amparo, para impedir que en el futuro se pueda recurrir de amparo contra el proceso de formación de la Ley, no necesitamos entonces tener Asamblea Nacional porque se le está quitando la capacidad de legislar. Entonces el Ejecutivo gobernaría por decreto y eso es dictadura”, sostiene el jurista Carlos Tünnermann.
Además, cabe mencionar el matiz electoral que predominará en este año. Según el actuar de las fuerzas políticas, los resultados en las próximas elecciones municipales de noviembre podrían ser positivos o negativos tanto para el partido de gobierno como para la oposición.
“Si el bloque democrático se mantiene consolidado, si le demuestra a la población que la esperanza democrática del país está en ese bloque, en que permanezcan unidos y que aunque tengan algunas divergencias internas y aunque en algunos aspectos no estén de acuerdo como el asunto de la Amnistía, con la cual yo tampoco estoy de acuerdo, si se mantiene la defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, los votos irán hacia los partidos que integran el bloque democrático”, dice Tünnermann.
La doctora Asunción Moreno opina que el ambiente electoral de este año “viene a tensionar mayormente la crisis política que existe en el país. No son las reformas constitucionales las que van a tensionar, no son tampoco las elecciones, es el momento en que llegan las elecciones”.
“Siendo muy objetivos, una crisis institucional como la que hay, con dos ingredientes como son las actividades electorales y la entrada en vigencia de las reformas constitucionales, suele ser una combinación explosiva, a no ser que la clase política se siente y llegue a acuerdos a favor de la Nación”, añade.
Moreno insiste en que de concretarse un acuerdo entre el Presidente y los legisladores, la primera cláusula debería contemplar el respeto a la Constitución y las Leyes. “De ser así, no habría crisis institucional, habría estabilidad social, estabilidad económica y estabilidad política. Un Presidente nombrando ministros, una Asamblea Nacional revisando la idoneidad de esos ministros, pero el tema es que el caldo donde van a ir esas dos situaciones no es propicio por el ambiente político. Hay una crisis política profunda, vemos un gobierno con minoría parlamentaria y una oposición totalmente fragmentada que no termina de encontrarse. Eso sería como el pacto de la paz social en el que todas las fuerzas políticas se van a reunir y a poner de acuerdo”.
Por ahora, en la otra esquina el Poder Judicial dominado por el FSLN, ejerce presión al opositor Partido Liberal Constitucionalista con la condena del ex mandatario Arnoldo Alemán y a la Alianza Liberal Nicaragüense, con el proceso de investigación sobre su principal dirigente, Eduardo Montealegre, como responsable de la emisión de los Cenis (Certificados de Negociables de Inversión).
Sin embargo, tanto el diputado Montealegre como el diputado José Pallais sostienen que sus partidos políticos no están dispuestos a ceder por chantajes de ese tipo.
Montealegre enfatiza en que “el hecho de que hoy en día tengamos un bloque de 52 diputados, significa que el Gobierno debe pensar mejor cada decisión y buscar una mejor relación. Ya hemos visto que los diputados son independientes, que lo que queremos es beneficiar a la población y que esos chantajes ya no funcionan. El Presidente estará en la obligación de buscar nuevos funcionarios más calificados para que puedan ser ratificados por la Asamblea”.
