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El 24 de agosto del 2007 el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la denominada Carta de Intenciones para la puesta en vigencia de un nuevo programa económico, con lo cual concluía una de las negociaciones más aceleradas en la historia de las relaciones entre Nicaragua y ese organismo internacional.
Tras el respectivo análisis de esa Carta de Intenciones, en la que el Gobierno se compromete a reducir la pobreza que actualmente afecta a más del 46 por ciento de los 5.1 millones de nicaragüenses, el directorio del FMI aprobó el programa económico que deberá estar vigente durante los próximo tres años, si el país logra mantenerse dentro del mismo.
Este acuerdo, considerado por el economista Néstor Avendaño como el mayor logro del país en materia macroeconómica, supone desembolsos por más de 111 millones de dólares por parte del FMI.
“(La aprobación del programa económico) ha facilitado la confianza entre inversionistas nicaragüenses y extranjeros con las autoridades nacionales, además que es el primero de los programas que ha sido elaborado por las autoridades nicaragüenses y que, por primera vez, incluye lineamientos de la política social”, valora Avendaño.
El reto para el Gobierno y el país en general está planteado: poder cumplir y conciliar la disciplina macroeconómica con las metas sociales a las que se compromete el Poder Ejecutivo para el período 2008-2010.
Después de mantener un discurso confrontativo contra el FMI, incluso desde antes de asumir el poder, el presidente Daniel Ortega aceptó firmar el acuerdo con el Fondo, cuyo Gobierno incorporó elementos sociales dentro del mismo, que supone no sólo lograr la reducción de la pobreza, sino mantener un crecimiento económico anual arriba de 4.2 por ciento y una inflación de un dígito.
El Ejecutivo se propone generar más de 66 mil puestos de trabajo al año. Esta cifra no cubriría ni los 100 mil empleos que anualmente el país requiere sólo para brindar trabajo a igual número de jóvenes que entran a la Población Económicamente Activa (PEA).
En los anteriores gobiernos las negociaciones para lograr concretar un programa con el FMI alcanzaron entre 12 y 14 meses, según recordó el titular del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales. Pero esta vez, dijo, sólo duraron cinco meses.
DE LOS NICAS
El FMI ha dejado claro e insiste cada vez que puede que se trata, en efecto, de un programa presentado por las autoridades nicaragüenses.
“El nuevo programa del Gobierno está dirigido a consolidar estos progresos, avanzar firmemente en la reducción de la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Genera un espacio fiscal adicional para aumentar el gasto social y la inversión en sectores clave tales como energía, agua, educación y salud”, declaró el FMI en un comunicado que emitió el 5 de octubre al aprobar el acuerdo con Nicaragua.
“Las negociaciones y la aprobación de este acuerdo no parecía fácil, porque todos conocían nuestras posiciones críticas con el FMI, de usarlo como instrumento de los países desarrollados, que no han favorecido el ataque a la pobreza”, dijo Ortega días después.
A TOMAR NOTA Y CUMPLIR
Según el Gobierno, el objetivo del programa económico, llamado oficialmente Programa Económico Financiero (PEF), “es crear las condiciones para una reducción significativa de la pobreza y un crecimiento económico sostenido, en un contexto de estabilidad macroeconómica, sostenibilidad de las finanzas públicas y de las cuentas externas, como elementos aglutinadores del desarrollo económico y social de la nación”.
Para alcanzar este objetivo el PEF “procura” aumentar la capacidad productiva nacional alcanzando “tasas de crecimiento económico sostenido” y “tasas bajas” de inflación.
Y añade que el Gobierno no espera obtener resultados macroeconómicos favorables con estancamiento o deterioro de los principales indicadores de desarrollo humano”.
En consecuencia, indica el PEF, el Gobierno se compromete aumentar el gasto en pobreza del 16.9 al 17.8 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2007 y el 2010.
“El programa de las autoridades prioriza en forma apropiada una estrategia multifacética para hacer frente a estos desafíos (la reducción de la pobreza). En particular, en el sector de la energía eléctrica, esto incluye el aumento de la inversión en dicho sector, la reducción de las pérdidas en la distribución y la mejora del marco regulatorio”, riposta el FMI.
“Si bien se planifica aumentar el gasto destinado a reducir la pobreza, las autoridades también reconocen la importancia de seguir mejorando la eficacia del gasto público y tienen la determinación de perseguir ese propósito. Esto exigirá mejorar la focalización del gasto orientado a reducir la pobreza, perfeccionar los sistemas de control presupuestario y planificación de la inversión y dar cuenta en forma transparente de toda la asistencia para el desarrollo”.
Y dentro del paquete también se incluye “la reforma de la seguridad social, para restablecer el equilibrio entre las aportaciones y las prestaciones también siguen siendo un desafío central”.
Todas estas medidas deberán tomarse durante los próximos tres años.
“En estos últimos años Nicaragua ha dado pasos de suma importancia. Se ha profundizado la estabilidad macroeconómica, se han reducido las vulnerabilidades y se ha incrementado el gasto destinado a reducir la pobreza, a la vez que se han realizado avances importantes en las reformas estructurales”, indicó en octubre el subdirector gerente del FMI, Murilo Portugal.
A inicios de diciembre Portugal, de nacionalidad brasileña, visitó Managua y se reunió con Ortega y sus asesores. Al término del encuentro Portugal recordó que “el actual programa económico del Gobierno ofrece una oportunidad importante, para consolidar las mejoras registradas, al tiempo que procura con mayor ímpetu reducir la pobreza y aumentar la inversión en sectores clave tales como energía, agua, educación y salud”.
