Manuel Martínez Sevilla: “El pueblo está intoxicado con el pacto”

El magistrado es puntual y de hablar sencillo. José Manuel Martínez Sevilla a sus 66 años ocupa el máximo puesto al que podría aspirar un jurista en el país, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

De joven quería ser médico pero optó por la abogacía. Martínez está a la cabeza de una institución que desde 1998 se volvió bicéfala políticamente, a partir de la repartición de poderes entre el ahora partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el presidente Daniel Ortega, y el entonces gobernante Partido Liberal Constitucionalista, dirigido por el ex presidente y reo Arnoldo Alemán.

Alemán, uno de los pocos amigos que posee el magistrado Martínez, es la punta del iceberg que está quebrantando el sistema judicial desde hace rato.

En la Asamblea Nacional los diputados finalmente mandaron a publicar la Ley 630, que le quita el poder que el Presidente deseaba para sus Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Y las amenazas surgieron. Alemán perdería su régimen de país por cárcel. Así ocurrió. Después de más cuatro años, la Sala Penal Uno desempolvó el expediente y en cuestión de días emitió una sentencia. Alemán regresó al régimen de casa por cárcel en su Hacienda El Chile, pero la historia no terminará ahí.

“Es una cosa anómala”, dice el magistrado. “Estamos mal”. Pero el problema según él, no es el conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo sino que algunos funcionarios anteponen su posición política a la función pública.

¿Cuál es su apreciación sobre el caso Alemán?

En este caso cabe una casación, la última instancia es la Corte Suprema de Justicia. Como presidente de la Corte he denunciado anomalías en la constitución de la Sala Plena, también he denunciado la posibilidad de que traten de integrar una Corte Plena espuria y de esa forma confirmar la sentencia dictada por la Sala Constitucional, sentencia que no está firme porque por tratarse de la inconstitucionalidad de una Ley (630), no surte efecto hasta que sea confirmada por la Corte Plena. Ahí es donde le he pedido al presidente de la Sala Constitucional (magistrado Francisco Rosales) que me envíe el expediente porque como eso corresponde a la Corte Plena, los expedientes de la Sala deben pasar a la Secretaría de la Corte Suprema, en ese caso, el doctor (Rubén) Montenegro me lo tiene que traer a mí para ordenar el trámite debido a los recursos.

¿Y qué respuesta ha tenido?

No han dicho nada del expediente. Aparentemente tienen la misma actitud que tuvo la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, que dicen que fallaron sólo dos magistrados (para devolver el régimen de casa por cárcel a Arnoldo Alemán) y al tercer magistrado, Rafael Avellán, no le enseñaron el expediente. Hasta hoy no se sabe dónde está. Lo mismo pasó con estos recursos que no se sabe dónde está el expediente (Ley 630) y si no hay expediente no podemos resolver.

¿Qué puede hacer usted como presidente de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en esta situación?

Mire, lo que hacemos siempre es invitar a los funcionarios que se hagan responsables en el cumplimento de sus deberes. Sencillamente que obedezcan a la Constitución y las Leyes (…) Pero sí es criticable que haya retardación de justicia, no en el caso Alemán, sino en cualquier caso porque Alemán es uno entre los miles de casos que se ventilan.

El que una Sala emita una resolución y anule otra sentencia emitida por otra Sala, crea conflicto. Ambas están en el mismo nivel.

Mire (sonríe), esas son las ventajas o desventajas de la Ley, porque los recursos existen para una y otra, y esto es como quien dice una contienda, una guerra donde el mejor estratega es el que gana. La Ley está escrita en español, pero los intérpretes, los que manejan mejor ese léxico son los que triunfan. Eso que me plantea como conflicto entre dos Salas, no es conflicto. Sencillamente es uso de los recursos que la Ley le confiere al ciudadano para defenderse. ¿Qué va a pasar? El que mejor fundamente su razón es el que va a tener la razón.

¿Qué más va pasar con el caso Alemán?

Sube, sube a casación, a la Sala Penal de la Corte Suprema. Yo no soy de la Sala, pero va a haber una audiencia pública, los abogados van a exponer sus puntos de vista y se va a producir una resolución que espero que se dé y si no hay consenso se estancará, pero el caso va ser más político…

Siempre lo han tratado así.

Pues sí, siempre lo ha sido pero hoy más que nunca por la crisis institucional que se ha creado. Esto ha conmocionado los cimientos de la sociedad civil, la gente está alarmada por lo que está pasando y hasta están reconociendo la politización de la administración de justicia en contra de las personas que están en contra del gobierno. El otro líder político liberal, (Eduardo) Montealegre, se siente amenazado, ya se declaró perseguido político. Es decir, ahora sí se está aceptando que se ha usado el Poder Judicial para perseguir a la gente.

¿Usted mismo lo acepta?

No puedo negarlo, sería tapar el sol con un dedo. Por los atropellos que se han cometido últimamente no puedo negarlo, me duele y tengo que reconocerlo.

No es la primera vez que ocurre un conflicto así entre el Poder Judicial y el Legislativo.

No, el conflicto no es entre el Poder Judicial y el Legislativo. El conflicto es entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque el Ejecutivo está impulsando una Ley, el Legislativo se la aprueba, después le modifica la Ley y el Ejecutivo siente que le quitan facultades. Ahí es donde surge el conflicto. El Ejecutivo recurre contra la Ley 630 (Ley que reforma las competencias de los CPC), porque dijo que conforme a la Ley 612 (que reforma las competencias del Poder Ejecutivo) estaba facultado para crear los Consejos que quisiera, cuando la Asamblea por una Ley posterior (630) le quita las facultades que le daba la Ley 612, entonces recurre al Poder Judicial. Y hay que tener presente que el Poder Judicial es el garante de la Constitución y los derechos ciudadanos. No son ni el Ejecutivo ni el Legislativo, (nosotros) somos los garantes de la Constitución.

El magistrado Rafael Solís sostiene que mientras no se emita una resolución de Corte Plena, la resolución que emitieron se mantiene vigente.

Vea, ese caso es sencillo. Recurrieron de amparo, no de inconstitucionalidad, pero la Sala Constitucional, entre comillas y subrayada, que se formó ad—hoc para resolverlo de noche, aplicó el artículo 21 que dice si la Sala llega a considerar que el hecho viola la Constitución, lo puede declarar inconstitucional, pero para que tenga valor, para que tenga efectividad esa inconstitucionalidad encontrada, tiene que ser la Corte Plena la que lo confirme. Esa inconstitucionalidad no tiene efecto si la Corte Plena no lo confirma, eso está bien claro, los abogados saben eso.

La convocatoria a Corte Plena depende…

De mí.

Depende de que el expediente llegue a la Secretaría de la Corte y que esta lo pase a sus manos. ¿Qué es lo que detiene ese proceso?

No quieren entregar el expediente.

¿Quiénes?

El presidente de la Sala Constitucional o la secretaria. Yo le he pasado memorando a doña Selmira Castro y al doctor Rosales para que pongan el expediente en la Secretaría, y se los he pedido públicamente, para poder darle trámite a nivel de Corte Plena, porque vas a convocar a Corte Plena ¿para conocer qué? Lo único que hicieron fue enviarnos una copia de un proyecto de sentencia del Recurso de Amparo para que consideremos y declaremos la inconstitucionalidad del primer párrafo de la Ley 630, pero no es ese el procedimiento. Están obstaculizando el proceso. Si no lo hacen, eso queda sujeto a responsabilidades éticas y legales, en el caso que un perjudicado se queje de que los magistrados están reteniendo el expediente ante la Asamblea Nacional, la Asamblea puede ordenar una investigación. Y dicho sea de paso, extraoficialmente me dijeron que la Asamblea Nacional nos va llamar a que rindamos un informe de por qué se está administrando justicia de manera anómala.

¿Entonces se cae otra vez en la retardación de justicia y en la manipulación política de los casos en espera de una solución?

Desafortunadamente el pueblo está intoxicado con eso del pacto, es desafortunado, en estas cosas no puede haber juego político, se trata de la esencia del Estado, se trata de esa cosa que no la percibimos hasta que nos están ahogando. Ahorita lo que se está defendiendo es la institucionalidad, el orden jurídico, el Estado de Derecho, que el aparato estatal no se desbarate. Y hay que hacer hincapié en eso, no es el fallo a favor de Alemán o no, es el fallo con la debida forma y rapidez, el fallo contra todo mundo y a favor de todo mundo. Desafortunadamente las cosas no son como la gente las desea sino como la realidad las pone.

El problema también es que el Poder Judicial está dividido entre liberales y sandinistas.

Ese no es el problema, nunca vas a encontrar jueces ni magistrados que no tengan una ideología política. Pero cuando acepta ser el juez en el juego de basquetbol, va a aplicar las reglas de basquetbol, no las de voleibol. Se podrá equivocar en la apreciación de una jugada, eso es normal, pero para eso hay apelaciones, hay recursos. Lo malo está en que yo ponga mi posición de partido enfrente de mi cargo de funcionario público como es en cualquier profesión.

Las responsabilidades políticas de los administradores de justicia no permiten que casos como estos lleguen a su fin. ¿Cree usted que con una normativa de Ley de Carrera Judicial, que nombre jueces por medio de un concurso, ayudaría a reducir estos problemas?

Vea, el Poder Judicial existe desde los tiempos de la Independencia y siempre ha habido jueces sin Ley de Carrera Judicial, con o sin normativa ha habido jueces y han sabido comportarse.

Pero aquí existe una repartición de poderes desde 1998.

No es así, la repartición de poder es más bien político que jurisdiccional. No hay una persona que tenga un color político, lo que importa es que al momento de decidir no influya ese color político.

Pero incluso, la misma Corte Suprema de Justicia está dividida entre liberales y sandinistas.

No es que está dividida. Habemos de los dos bandos.

Fueron electos de esa manera.

Por partidos políticos, y va a ver que ahora que se nos venza el período, van a venir liberales y sandinistas otra vez porque esas son las fuerzas representadas en la Asamblea.

Entonces no cree que una normativa…

No va a hacer nada. Mire, la normativa, le voy a decir directamente qué es lo que pretende. Como la mayoría de los funcionarios judiciales son sandinistas, la normativa la quieren como para asegurarse permanencia eterna en el poder, en los tribunales, pero no es así la cosa. La normativa debería ser para evaluar los méritos, para así ratificarte o despedirte. Pero aquí no, aquí entienden que la Ley de Carrera Judicial es para tener estabilidad laboral y punto, pero no. ¿Quiénes son los que andan gritando por la normativa, la mayoría de jueces y magistrados sandinistas que andan haciendo manifestaciones y presionando para eso? Mientras no haya una conciencia, una vocación de funcionarios y no de agentes políticos de un partido, de nada le va a servir a la justicia en Nicaragua.

¿Existe presión del partido de gobierno contra el sistema judicial?

Esas son las suspicacias que hay que evitar. A eso me refiero cuando le digo que no me parece que después de estar cuatro años y medio con el caso estancado, escojan esta época para moverlo. Precisamente por la pureza, por el buen nombre, el prestigio del Poder Judicial, nosotros los judiciales no deberíamos dar lugar a esa conjetura. Usted tiene toda la razón, el sentido común, la lógica indica que se trata de eso, pero yo digo que debemos tratar de evitar esa situación.

¿Las presiones políticas llegan hasta la Corte Suprema de Justicia?

¡Claro que llegan las presiones! ¿Usted cree que los médicos cuando van a curar una epidemia no van expuestos a contagiarse?

¿Qué tipo de presiones recibe?

La presión es vernos en esta situación de estar respondiendo al público, a un lado y al otro cuando deberíamos estar sentados resolviendo sentencias. Esa es una situación más que estresante. Si de por sí el trabajo y la responsabilidad como presidente de la Corte es estresante, estar envuelto en estas cosas de que la Policía está en el Tribunal, que al magistrado no lo dejan entrar… todas esas cosas son presiones. Por ejemplo, para mí es estresante pensar que la ciudadanía está creyendo que nosotros estamos en pacto, que estamos en arreglos, que nos estamos burlando del pueblo. A mí me daría vergüenza que alguien en la calle me tire un escupitajo o que intentara agredirme porque piensa que soy un zángano que está haciendo aquí las cosas indebidamente.

Si el punto final a esta crisis depende de la Corte Plena, ¿cuándo va a ocurrir eso?

Yo espero el decoro de los colegas. Pero no sólo es convocar a Corte Plena, hay que ver qué es lo que hay en el expediente. Pero no me va a detener eso. ¿Quiénes son los interesados? Los interesados son los que quieren sacar de la incubadora al niño (CPC).

¿Los magistrados sandinistas?

Los que quieren sacar al niño de la incubadora y quieren poner a correr al niño sin que camine. Pero yo no, yo sigo todos lo pasos que la Ley señala. Me ponen el expediente, lo convocaremos y discutiremos.

¿Qué sabor le deja este 2007 en su función como presidente de la CSJ?

Los abogados sólo vivimos entre pleitos, para eso nacemos, es decir, el pleito dentro de las reglas del juego, pero cuando ya te salís y ya no estamos en la contienda civilizada, indudablemente me alarma. Yo soy una persona con vocación de juez y con apego a la Ley y se está transgrediendo, me deja un sabor amargo, definidamente, por el final del 2007, y sobre todo en diciembre que no debieron haber pasado todas estas cosas. Pero bueno, siempre hay tiempo para rectificar y de los arrepentidos se sirve Dios, vamos a ver si es cierto.

¿Qué espera para el 2008?

Que se termine mi período de presidente y magistrado, ya no aspiro a eso, y que las cosas mejoren, tal vez el Año Nuevo nos trae nuevos aires benéficos para la administración de justicia.