- Falta de fondos y reglamento no impiden su aplicación, señalan expertos
El proyecto de Presupuesto General de la República para el 2008, presentado por el Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, no incluye partidas presupuestarias para facilitar que las instituciones garanticen el acceso de cualquier ciudadano a la información de estas, según establece la Ley de Acceso a la Información Pública que entró en vigencia este 19 de diciembre.
Tampoco el Ejecutivo ha publicado el respectivo reglamento de la Ley. Pero según diputados y expertos la aplicación de esta no se detendrá por tales faltas.
La Ley de Acceso a la Información Pública tiene por objetivo garantizar el acceso de los ciudadanos a la información de su interés dentro de las instituciones del Estado e incluso de empresas privadas que tengan concesiones del Estado y su entrada en vigencia se reviste de importancia debido a la política de secretismo del actual gobierno presidido por Daniel Ortega.
Por lo que para el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y primer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, es lamentable la falta de asignaciones presupuestarias en el proyecto presupuestario presidencial.
Sin embargo, el legislador sostuvo que esas partidas serían asignadas en una revisión del proyecto del presupuesto de parte de una comisión de diputados del llamado Bloque contra la Dictadura, integrado por unos 52 diputados de las bancadas de oposición en el parlamento.
Asimismo, el también diputado del PLC y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, José Pallais, explicó que el Ejecutivo tendría hasta febrero para publicar el reglamento de la Ley, pero añadió que, en su defecto, la Asamblea puede redactar y publicar el reglamento de la misma que tendría por fin definir su operación.
SIGUE PROMOCIÓN DE LEY
Ayer representantes de las organizaciones del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública se reunieron en Managua para informar sobre el trabajo desarrollado por el Grupo y plantearse las labores de seguimiento para velar por la aplicación de la ley.
El grupo persigue divulgar la Ley con el fin de adoptar la misma como parte del derecho fundamental a la información.
Orestes Papi, miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro —una de las organizaciones del grupo promotor— indicó que efectivamente el Ejecutivo cuenta con menos de sesenta días para la publicación de un reglamento.
Papi sostuvo que este reglamento sólo precisará la aplicación y funcionamiento de la ley y aunque expresó que el mismo podría dificultar los procedimientos, el grupo confía en que la Ley de Acceso garantice el derecho a la información a todos los ciudadanos nicaragüenses.
Mario Quintana, de la Coordinadora Civil, también organización miembro del grupo, celebró la entrada en vigencia de la ley y afirmó que la ausencia de un reglamento y la falta de partidas presupuestarias no pueden impedir su aplicación.
“Con buena voluntad las instituciones perfectamente pueden valerse de las instancias ya existentes para garantizar el acceso a la información. La falta de recursos no puede ser excusa”, advirtió Quintana.
