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En agosto de 1997, en la ciudad de Guatemala, una veintena de
organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión, participantes de la Conferencia Hemisférica “Crímenes sin castigo contra periodistas”, convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), resolvieron “pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cree en el seno de esa institución una relatoría especial para la libertad de expresión y la situación de los periodistas y solicitar que prepare un informe especial sobre dichos temas y su actualización periódica”.
El próximo año, la Relatoría cumplirá su primera década. El balance es positivo, aunque en estos momentos enfrenta una crisis de credibilidad: la designación del actual relator Ignacio Álvarez es cuestionada, por motivos de forma, por la gran mayoría de las organizaciones que apoyaron y propiciaron su creación.
La figura de la Relatoría implicaba una especial valorización de la “libertad de expresión”. A la vez sumaba un nuevo instrumento para la defensa de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. Las cifras de nueve años (1988 a 1997) hablaban de 179 periodistas asesinados, 66 secuestrados, 1,586 agredidos, más 240 atentados contra medios de prensa.
La Relatoría era necesaria, pero también tenía sus riesgos. Necesitaba financiamiento, el que debía conseguirse sin comprometer su independencia, al tiempo que debía garantizársele una autonomía tal que la protegiera de las presiones de los gobiernos miembros de la OEA, cuyas actuaciones en materia de libertad de prensa iban a estar en el foco de mira de la Relatoría.
Había otros peligros: uno, la influencia que pudieran tener o pretender las propias organizaciones de defensa de la libertad de expresión, las que si bien tienen en común ese propósito, no siempre tienen la mismas visiones y, en casos, muestran diferentes sustentos ideológicos y objetivos finales. Otro riesgo potencial era que la Relatoría fuera “usada” por abogados o institutos patrocinantes de personas, instituciones o empresas que recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual el paso previo por la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA es básico.
Con los dos primeros relatores, los abogados Santiago Cantón, hoy secretario ejecutivo de la CIDH y Eduardo Bertoni, no hubo problemas: la Relatoría se afirmó, ganó en imagen y credibilidad y cumplió una importante tarea que justificó su creación.
Los problemas comenzaron tras la renuncia de Bertoni y la designación de Álvarez, un hombre de “adentro”, un funcionario, que no conformó a buena parte de las instituciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión en particular.
Hubo objeciones sobre la escasa experiencia del candidato elegido, y sobre algunos procedimientos que para muchos no cumplieron con los niveles de transparencia que una designación de este tipo necesariamente exige. Tras algunas idas y vueltas hubo una especie de acuerdo por el cual se establecería un mecanismo de designación que, al cabo del año sería aplicado para designar otro relator o ratificar al actual.
Ese año ha pasado y la gestión de Álvarez no ha contado con mayores aplausos. Incluso ha sido cuestionado expresamente por más de una organización. Los problemas de financiamiento se han acentuado y hay mayores riesgos de que aparezca algún “gran financiador” que anda por ahí y que pretenda condicionar la Relatoría. Por los pasillos de la OEA se murmura sobre presiones de gobiernos a los que no les gusta ser controlados en materia de libertad de prensa y hasta de la propia Secretaría General.
A este tema de las “influencia políticas” se ha hecho expresa referencia en los votos disidentes de dos miembros de las CIDH, al tomarse decisiones respecto a la Relatoría. También, entre tantos dimes y diretes se habla de patrocinantes legales de casos presentados a la Corte que han cobrado “jugosos honorarios” y de una dura competencia en esa campo, para lo cual es necesario tener buena entrada con la Relatoría, sobre todo en los temas que tienen que ver con la libertad de prensa, que son la mayoría.
El horno no está para bollos. En enero próximo el tema deberá quedar resuelto, tanto si se opta por ratificar a Álvarez o si se procede a la designación de un nuevo relator. Los temores, que nunca desaparecieron, de que el Relator se transforme en un arma de doble filo y que tenga un efecto boomerang, hoy recrudecen. El fantasma de la presión política de los gobiernos hace sonar sus cadenas cada vez más fuerte.
Ojalá se cumpla con lo consensuado y se elija nuevamente un relator con todas las seguridades, con autonomía garantizada y protegido de presiones e influencias extrañas. Si no se hace así, lo mejor sería no tener un relator.
El autor es periodista uruguayo.
