- Una juez de Los Ángeles mantiene vigencia de orden federal que permite a migrantes salvadoreños solicitar asilo en los Estados Unidos
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Una juez reafirmó las protecciones con las que cuentan los inmigrantes ilegales de El Salvador en Estados Unidos, arguyendo que el Gobierno estadounidense violó sus propias leyes de inmigración al haberle prohibido a algunos detenidos salvadoreños el acceso a materiales legales, teléfonos y consultas con abogados.
El Departamento de Justicia, que subraya que esas protecciones contenidas en la llamada orden Orantes ya no son necesarias, planea apelar.
El pasado 26 de julio la magistrada Margaret M. Morrow, de la Corte de Distrito de EE.UU., tras revisar informes sobre la condiciones de detención en más de 200 instalaciones federales, encontró serias irregularidades en cuanto al acceso de los detenidos a documentos legales, uso del teléfono y la visita de abogados.
“La decisión mantiene en efecto la orden que protege a los salvadoreños detenidos por Inmigración en EE.UU.”, dijo a Efe, Linton Joaquín, director del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) y principal propulsor de la orden que entró en vigor de forma preliminar en 1982 pero que fue formalizada en 1988.
“Nosotros consideramos que es una victoria porque esta orden en la Corte sí ofrece una protección a los derechos de los inmigrantes en el país”, agregó.
“La orden Orantes es sólo para salvadoreños, pero las condiciones mínimas (de detención) se aplican a todos (los inmigrantes)”, aclaró.
La jueza dijo, en el fallo conocido esta semana, que el mandato de 1988 de permitir que los salvadoreños que huyeran de la guerra civil se refugiasen en territorio norteamericano es necesario aún.
Argumenta que los inmigrantes de allí siguen contando con razones legítimas para el asilo, pese a la conclusión del conflicto hace mas de una década.
“Estamos decepcionados que la Corte se siga negando a acabar con un mandato judicial innecesario”, dijo en un comunicado el vocero del Departamento de Seguridad Nacional, Russ Knocke.
“La guerra civil en El Salvador se acabó hace años. Las circunstancias que fueron las bases de ese mandato ya no existen”, agregó.
Entre las órdenes del mandato se obliga a las autoridades a asesorar a los salvadoreños de su derecho a solicitar asilo político. Este se emitió luego de denuncias de que los funcionarios de inmigración amenazaban a los salvadoreños para que no presentaran solicitud alguna.
El Departamento de Justicia buscó en el 2005 una moción para dar por concluido el mandato, al considerar que las protecciones impedían deportar de forma inmediata a indocumentados, sin necesidad de audiencias judiciales.
El Gobierno dijo en ese entonces que había adoptado medidas para asegurar que los detenidos no serían forzados a olvidar sus derechos.
La juez explicó que las autoridades no siempre siguen esas regulaciones. Indicó que un estudio señala que menos del 10 por ciento de los inmigrantes en el centro de detención de San Ysidro fueron informados de su derecho para pedir asilo.
