Los analistas políticos Sergio García Quintero y Carlos Tünnermann coincidieron ayer en que el presidente Daniel Ortega pretende otorgar mayores atribuciones a los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC) del que ostentaron los Comités de Defensa Sandinista (CDS).
Tünnermann dijo que Ortega pretende con los CPC controlar todas las estructuras del Estado, aún sobre la Asamblea Nacional, lo cual es ilegal.
“Ellos, el Presidente, la Primera Dama (Rosario Murillo) y el Frente Sandinista como partido, están tratando de crear un poder paralelo que se llama Poder Ciudadano, pero la Constitución no reconoce más de cuatro Poderes constituidos, la Constitución no menciona a un Poder Ciudadano; no hay un asidero constitucional, además, la Constitución dice que Nicaragua es una democracia participativa y representativa, esto puede sembrar una semilla de ingobernabilidad”, indicó Tünnermann.
El secretario nacional de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Roberto González, dijo ayer que los sindicalistas serían “la cabeza y punta de lanza de los Consejos del Poder Ciudadano y si hay que defenderlos en las calles, los vamos a defender”.
No obstante, Sergio García Quintero aseguró que los beneficiados con los CPC serán las organizaciones sindicales sandinistas, porque jugarán un papel rector en el Estado.
El analista considera que el Gobierno puede organizar a la ciudadanía en los comités que quiera o desee, pero no puede pasar poderes que no estén establecidos en la Constitución de la República. Recalcó que los CPC son organismos partidarios.
“Ortega usa una fraseología muy hábil alabando la conciencia del ciudadano común y del pueblo en general para hacerlo sentir como que en realidad son los que mandan en el país; ahora no es nuevo en el Frente, porque cuando decían trabajadores al poder, como una de las grandes consignas de la revolución, daba la impresión que aquí iba a haber una reforma total en beneficio de las clases más pobres del país, pero no ocurrió”, indicó el analista.
García Quintero señaló además que para “la clase trabajadora no ha habido en Nicaragua un mayor enemigo que Daniel Ortega”, porque desnaturalizó y violentó el artículo 22 del Código del Trabajo que se refería a la libertad de negociación colectiva.
Añadió que una práctica común de Ortega en la década de los ochenta era amenazar a las empresas para que no mejoraran el salario de los trabajadores, porque serían consideradas contrarrevolucionarias por causar problemas económicos al país.
