- Alianza legislativa dice estar firme
[/doap_box]
La posibilidad de que el presidente Daniel Ortega pueda ampararse para evitar que la mayoría parlamentaria impulse iniciativas de ley que obstaculicen su proyecto de “democracia directa” está siendo analizada por diputados de diferentes bancadas y por juristas consultados.
El propio presidente Ortega así lo dejó entrever en su discurso el pasado 19 de julio, cuando señaló que si bien las bancadas opositoras en la Asamblea Nacional tienen los votos para hacer desaparecer los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los diputados estarían violentando la Constitución.
“Deben estar totalmente claros que es voluntad, es un deber de este Gobierno, es un deber del Presidente compartir el poder con el pueblo, que el pueblo sea presidente”, manifestó el mandatario en su alocución.
UN PROBLEMA DE FACULTADES, NO DE DERECHOS
El diputado del PLC, José Pallais, señala que Ortega podría alegar que la Constitución protege el derecho de participación y la libre asociación de los nicaragüenses, por lo que la Asamblea Nacional no puede abolir la existencia de los Consejos del Poder Ciudadano y, en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia tendría que ampararlo y en base a eso continuar con su proyecto de los Consejos.
Sin embargo, dice Pallais, el problema que ese eventual amparo tendría es que los Consejos aprobados por la Asamblea Nacional en la Ley 290, son órganos consultivos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana, la que no les confiere la facultad de tomar decisiones por encima de las autoridades instituidas.
“Estos Consejos propuestos por el presidente Ortega no pueden tomar decisiones por encima de los alcaldes que son autoridades directamente electas, ni por encima de los ministros porque por encima de éstos solamente puede estar el Presidente de la República, que es otra autoridad electa”, explica Pallais.
El diputado liberal dice que otra diferencia sustancial de estos Consejos, es que violentan el principio de pluralismo político con el carácter partidario de los mismos y porque en la Ley de Participación Ciudadana se establece que los Consejos deben organizarse de abajo hacia arriba y no desde arriba, como está ocurriendo con los CPC.
“Lo que a un Gobierno debe preocuparle es la participación plural de sus ciudadanos, el problema es que el presidente Ortega quiere gobernar solamente para sus partidarios. Es preocupante como vemos al Gobierno avanzando en la división de la sociedad, el Presidente habla de unidad latinoamericana, pero lo que más debería preocuparle es la unidad nacional”, comentó el parlamentario.
NO HAY ARGUMENTOS
El jurista Gabriel Álvarez señaló que en términos estrictamente legales, Ortega no tiene argumentos para defender la existencia de los CPC.
“Para recurrir contra una eventual ley que derogue los Consejos del Poder Ciudadano o que reforme la Ley Orgánica de Petronic, se debe esperar que aprueben la ley y después que pasen sesenta días de su entrada en vigencia”, explicó Álvarez.
Según el jurista Gabriel Álvarez, el propio presidente Ortega es el principal conspirador en contra de los CPC, al querer dotarlos con facultades ministeriales que la Ley 290 no les confiere.
“El Presidente de la República es el principal conspirador contra los Consejos que el legislador creó, porque él los está convirtiendo en instancias ilegales”, indicó Álvarez.
ANTECEDENTES NEFASTOS
No obstante, el jurista recordó que en Nicaragua el Poder Judicial no actúa apegado al marco jurídico y muy bien el presidente Ortega podría recurrir de amparo y tener éxito, incluso antes de que culmine el proceso de formación de la ley.
“Con las características de nuestra Corte Suprema de Justicia, no nos podemos asombrar de que admitan un recurso de amparo previo y contra el proceso de formación de la ley”, dijo Álvarez.
“El Tribunal de Apelaciones mandó a suspender, lo pongo como ejemplo, el procedimiento de formación de la Ley de Carrera Judicial, cuando se le estaba saliendo de control al Frente Sandinista y estaban en las negociaciones y los jueces se tomaron la Asamblea y se suspendió el acto”, añadió.
Álvarez mencionó que la derogación de los CPC no afecta el derecho de los ciudadanos a organizarse.
“El Presidente parece que quiere vincular el derecho de organización que tienen todos los ciudadanos, con la creación y preservación de los Consejos del Poder Ciudadano y eso es otra falacia, porque derogar los Consejos no implica coartar el derecho legítimo que tenemos los nicaragüenses de organizarnos, siempre y cuando no vayan en contra de las leyes”, explicó.
LOS ESCENARIOS
El pasado 19 de julio, el director de Inpesca, Steadman Fagoth, reveló que en una reunión de Gabinete, el presidente Ortega había externado su preocupación por la alianza parlamentaria opositora, por lo que le propuso que si los diputados le obstaculizaban sus proyectos, actuara fuera de la ley.
Si bien este escenario no se descarta, para algunos analistas Ortega aún tiene la posibilidad de intentar otras vías para revertir su desventaja en la Asamblea Nacional y la primera sería presionar al reo ex presidente Arnoldo Alemán para que saque a la bancada del PLC de esa alianza con la ALN y el MRS.
La presión podría estarse ejerciendo desde Panamá, donde un juez pidió ayer prisión preventiva para Alemán, la que eventualmente podría hacerse efectiva una vez que la Corte Suprema de Justicia se dé por notificada.
El diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, no descartó que tal notificación sea parte de toda una estrategia para presionar a Alemán y obligar al PLC a retractarse de sus propósitos de respaldar la desaparición de los CPC.
Alemán aseguró ayer, a través de un comunicado, que se debe profundizar la democracia frente a la “amenaza de nuevas dictaduras”.
Pero si las presiones hicieran cambiar de parecer a Alemán, la posibilidad de que en esta ocasión el chantaje funcione parece menor si se considera que la influencia de Alemán en la bancada del PLC se ha visto disminuida y la misma estaría actuando más en función de la decisión de la última convención del partido, que en función de su situación legal.
“Nosotros vamos a mantenernos cueste lo que cueste”, aseguró el diputado del PLC, Enrique Quiñónez.
