Así como criticamos las acciones del Poder Judicial que son o nos parecen incorrectas y perjudiciales para la sociedad nicaragüense, también reconocemos aquellos actos de la administración de justicia que son correctos y por lo tanto beneficiosos para la nación.
Ayer mismo criticamos la acción negativa de un Tribunal de Apelaciones que ordenó poner en libertad a tres individuos, los cuales habían sido condenados por un juez que los encontró culpables de traficar más de tres toneladas de droga. Fue tan escandalosa esta decisión del Tribunal de Apelaciones, que por cierto está dominado por el FSLN, que provocó una gran indignación que se acrecentó cuando uno de los magistrados cuestionados desafió de manera arrogante a la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ahora nos parece digna de celebrar la decisión que tomó el martes de esta semana la Corte Suprema de Justicia, de suspender del ejercicio de sus cargos e investigar a los magistrados del Tribunal de Apelaciones, cuyo escandaloso fallo ha socavado aún más la ya escasa respetabilidad y credibilidad del Poder Judicial de Nicaragua.
Se dice que la Corte tomó la decisión de suspender e investigar a estos magistrados por orden del señor Daniel Ortega, Presidente de la República y jefe del partido oficialista FSLN al que supuestamente pertenecen dos de los tres funcionarios judiciales ahora suspendidos y sujetos a investigación. Al respecto se ha dicho también que es bueno que el Presidente de la República comience a intervenir de manera positiva en los asuntos del Poder Judicial, ya que hasta ahora sólo lo ha hecho de manera negativa.
Pero el Presidente de la República no tiene por qué intervenir, ni para bien ni para mal, en asuntos que son propios del Poder Judicial. Aceptar y, peor aún, promover que el titular del Ejecutivo intervenga en la administración de justicia con el supuesto de que es para bien, significa aceptar igualmente que debe intervenir para mal. Hay que ser respetuosos de la institucionalidad democrática. La democracia se funda en la separación e independencia de los poderes del Estado. El principio de que un Poder del Estado chequea y controla al otro, no significa que debe ordenarle lo que tiene que hacer, sea bueno o malo. La Corte debe investigar a fondo a los magistrados suspendidos, y destituirlos si encuentra causales para ello, no porque se lo ordene el Presidente de la República sino porque es su obligación.
Estamos claros de que los jueces y magistrados tienen sus propias ideologías, afinidades políticas y caracteres personales. Tanto los magistrados y jueces que militan en los dos partidos políticos que dominan el Poder Judicial —el FSLN y el PLC—, como los que no pertenecen formalmente a estos pero les son fieles por agradecimiento, pues consideran que les deben el cargo, se inclinan en sus actuaciones y sentencias hacia uno u otro de ellos.
Sin embargo, esos magistrados son profesionales del derecho que poseen mucha experiencia y una sólida formación jurídica, y por lo tanto saben muy bien que deben actuar con criterio independiente, con imparcialidad y sentido de justicia, no por sumisión partidista ni para aprovechar el cargo público con el fin de enriquecerse. Y saben también los magistrados de la CSJ, que únicamente sobre ellos recae la responsabilidad de recuperar el respeto ciudadano al Poder Judicial, o terminar de hundirlo en la ignominia y en el desprecio de la sociedad nicaragüense.
Es cierto que el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia depende de los partidos políticos que los proponen y escogen en la Asamblea Nacional. Pero la función de los partidos políticos termina en el momento en que la Asamblea Nacional nombra a los magistrados, los cuales, “en su actividad judicial son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley…” tal como establece muy claramente el artículo 165 de la Constitución Política de la República.
“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”, escribió don Francisco de Quevedo (1580-1645) en su obra: Política de Dios y gobierno de Cristo. Y es una gran verdad. Los jueces y magistrados que a cambio de lo que sea ponen en libertad a los delincuentes que con gran dificultad, sacrificio y riesgo capturan las autoridades policiales y militares, no deben seguir ejerciendo la función judicial.
