- No puede detener indefinidamente, según Corte
El Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito dictaminó ayer que el gobierno de Estados Unidos no tiene atribuciones para mantener detenido indefinidamente en el país a un individuo que califica como “combatiente enemigo”.
El caso se refiere al qatarí Ali Saleh Kahlah al-Marri, la única persona confinada en Estados Unidos como “combatiente enemigo”, cuya liberación fue ordenada por el tribunal. El fallo califica de “absurdos” algunos de los argumentos del gobierno.
Además, sostiene que la Ley de Autorización del Uso de Fuerza Militar, aprobada por el Congreso en 2001, “no da al presidente (George W. Bush) atribuciones para ordenar que los militares capturaran y detuvieran por tiempo indefinido” al qatarí.
“Durante más de dos siglos de crecimiento y luchas, paz y guerra, la Constitución ha protegido nuestras libertades con la garantía de que, en Estados Unidos a nadie se le privará de su libertad sin el debido proceso de la ley”, escribió la juez Diana Gribbon en el dictamen.
Desde que lanzó su guerra global contra los terroristas, Estados Unidos ha detenido a cientos de hombres en numerosos países y los ha trasladado a campos de reclusión sin reconocerlos como prisioneros de guerra.
Más de 380 de ellos están confinados en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Al-Marri fue arrestado en diciembre del 2001 cuando estudiaba en la Universidad Bradley, en Illinois, y permaneció en prisiones de ese Estado y en la ciudad de Nueva York, sin ser acusado directamente de nada. Sin embargo, es considerado “testigo material”, es decir, una persona que —según las autoridades— podría dar testimonio sobre delitos.
Su hermano Jarallah al-Marri fue detenido en enero del 2002 y llevado a Guantánamo. Ese mismo año a Ali Al Marri se le acusó de abrir cuentas bancarias con documentos de identidad inadecuados o falsos.
Los cargos por fraude fueron anulados, pero en 2003 el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, calificó a Al-Marri como combatiente enemigo y fue transferido a una prisión naval.
“Los militares lo han mantenido bajo custodia desde entonces sin cargos criminales ni proceso judicial. Ha permanecido detenido sin reconocimiento de la protección constitucional, sólo porque el Poder Ejecutivo cree que su detención militar es apropiada”, dice el fallo.
“En este país el control militar no puede estar por encima de los derechos constitucionales de los ciudadanos”, afirmó.
