El autoritarismo es un elemento de la cultura política latinoamericana y ninguna corriente tiene el monopolio. Florece hoy el de izquierda, cuya encarnación más poderosa es Hugo Chávez con su embate brutal contra la libertad de expresión, pero algunos políticos tradicionales de la derecha también demuestran su intolerancia ante la crítica.
Curioso y quizás involuntario émulo de Chávez, el presidente Manuel Zelaya arremete contra los medios, les achaca no informar y hasta “desinformar” sobre sus supuestos grandes logros y les impone cadenas obligatorias.
Por ejemplo, dice el liberal hondureño, aquéllos “tergiversan” el objetivo de sus numerosos viajes al extranjero. Y vaya que se ha dado gusto. En sus primeros doce meses hizo 27 viajes.
Que es para obtener ayuda para combatir la pobreza de los hondureños — dice —, aunque, según un estudio divulgado esta semana por el PNUD, más del 60 por ciento de los 7 millones de habitantes del vecino país sigue en la pobreza. Otros organismos ponen la cifra en el 80 por ciento.
“El presidente Manuel Zelaya utiliza una retórica poco amistosa cuando se refiere a los medios de comunicación acusándolos de magnificar los errores del Gobierno y de minimizar sus aciertos, de promover una percepción sobre inseguridad mayor de la existente y en general, de ser opositores abiertos a su administración”, afirma el informe de octubre de 2006 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Mel” Zelaya reclama que los medios magnifican la situación de inseguridad y que minimizan sus esfuerzos, principalmente de mano dura.
Sin embargo, los hechos son una piedra en sus dientes.
4,736 personas murieron por causas violentas en 2006; hubo 394.7 muertes violentas por mes y 13.2 por día en el vecino país.
En Honduras se registran 46.2 homicidios por cada cien mil habitantes; eso lo hace uno de los países más violentos del mundo. Un poco de comparación: sólo El Salvador lo supera en Centroamérica, con 47.7 por cada cien mil habitantes. Nicaragua tiene un índice de 13.2 por cada cien mil personas, Guatemala 30 y Costa Rica 9.2.
Éstas son cifras del Observatorio de la Violencia, una entidad dirigida por académicos, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Honduras. Entonces ¿es un invento, presidente?
En marzo pasado, la SIP reportaba que los nubarrones de intervención que se cernían sobre la prensa, se habían disipado. Sin embargo, Zelaya hace de nuevo de las suyas.
Molesto con la supuesta perfidia de los grupos de poder que dominan la prensa — la versión local del estribillo de “los oligarcas” que repiten los sandinistas y Arnoldo Alemán—, decidió imponer hace dos semanas cadenas oficiales de radio y televisión, con las cuales hace saber al pueblo los avances de su gestión.
Esto le ha valido el rechazo de los gremios de la radiodifusión que le señalan de “totalitario”.
Se defiende alegando que “tendríamos que empobrecer al Gobierno tratando de desmentir cada noticia falsa”.
Zelaya es un producto tradicional del bipartidismo. Ranchero rico de Olancho, descendiente de una familia de la política, amante de los sombreros y las botas y sin excesivo refinamiento intelectual, su carrera es típica de los políticos catrachos. Entre otros, fue diputado y ministro, antes de llegar a la presidencia.
Paradójico para un candidato que ganó con el eslogan de “Poder Ciudadano” — una consigna vacía y que no tiene conexión con Daniel Ortega— , “Mel” hace recordar a sus compatriotas los años de gobiernos militares de los 70 y los 80.
Ha reforzado la militarización de la seguridad pública y ahora, en una medida que condena el empresariado, puso a los militares a intervenir la empresa energética estatal, la ENEE, puesta al borde de la bancarrota por las pérdidas, la ineficiencia y la corrupción.
En los años 70 y 80, las empresas públicas estaban en manos de generales y coroneles que las usaron para engordar sus bolsillos. De allí los temores.
¿El argumento del Gobierno? Los militares sabrán aplicar el alicate a los morosos, forzar el pago de las deudas y harán bajar las pérdidas del 25 al 12 por ciento.
La ENEE provee con plantas hidroeléctricas un tercio de la energía que consume el país; arrastra un déficit de US$ 210 millones y vende a un precio inferior que el de compra.
A favor de Zelaya, debe decirse que sus anteriores esfuerzos por enfrentar la crisis energética han sido bloqueados. Quiso acercarse a Chávez, pero ello molestó a Washington. Se propuso crear un nuevo sistema de importación de combustibles para abaratar los costos, pero tres transnacionales y la Embajada de EE.UU. se encargaron de impedirlo.
Como en el resto de Centroamérica, los ejércitos son empresarios y poseen amplios intereses.
Sin embargo, someter a la junta interventora de la compañía energética a un grupo de oficiales castrenses sin la experiencia necesaria es un claro retroceso del proceso — largo y espinoso— de sometimiento de las FF.AA. al poder civil.
Militares combatiendo a las maras junto a los policías; blindados impidiendo protestas de transportistas; interventores militares en las empresas estatales e imposiciones arbitrarias a la prensa. Todo esto es un peligroso cóctel que no abona a la democracia.
