El escándalo que ha suscitado la denuncia de extorsión hecha por el empresario privado Armel González Muhs, socio del proyecto turístico Arenas Tola, en contra de Gerardo Miranda, ex diputado del FSLN y hoy cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, es deplorable pero de ninguna manera sorprendente.
Las informaciones sobre este nuevo escándalo han recordado que este señor Miranda, cuando era diputado, en enero del 2006 —en el contexto de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para ese año— y su voto podía determinar que Enrique Quiñónez fuera o no electo presidente del Poder Legislativo, anunció (Miranda) que dejaba el partido sandinista para unirse a la bancada del PLC. Algunos de sus compañeros de bancada le llamaron en esa ocasión “basura”, “Judas”, “corrupto”, “ladrón de terrenos”, etc. Pero en la tarde del mismo día, Miranda dijo que sólo estaba cumpliendo una misión de espionaje que le había encargado el secretario general del FSLN, Daniel Ortega.
Por otra parte, la gestión de Miranda como alcalde de San Juan del Sur (1996-2000) fue asimismo severamente criticada. En octubre del 2005, LA PRENSA informó que la Contraloría General de la República (CGR) había denunciado de nulidad las ventas y donaciones de 249 lotes de terrenos ejidales valorados en cinco millones de córdobas, otorgados durante su administración (1996-2000). En resumen, el señor Gerardo Miranda se ha caracterizado por ser un personaje muy controvertido en el desempeño de los cargos públicos que le ha tocado en suerte ejercer.
En realidad, no cabe duda de que una gran parte de la clase política de Nicaragua es corrupta y corruptora y su corrupción es como una enfermedad de la piel que se extiende desde la cabeza hasta los pies. Vale decir que la corrupción ha contaminado a otros sectores sociales. Desde maestros de todos los niveles que venden las respuestas de los exámenes a sus estudiantes, hasta jefes de Policía que “pierden” pruebas o “confunden” expedientes, o diputados y magistrados que solicitan dinero para “resolver” problemas de propiedad.
Así que estas situaciones no son nuevas sino más bien reiteradas. Y en este caso específico lo importante es saber si existe voluntad política de parte de la dirigencia del FSLN y del presidente Daniel Ortega en lo personal, para investigarlo a profundidad, o si van a minimizar su importancia como ya lo ha hecho el canciller Samuel Santos. En opinión del jefe de la diplomacia sandinista, el culpable de este tipo de situaciones es el ciudadano que ofrece soborno y no el funcionario que lo exige o lo pide y lo recibe. Pero la verdad es que nadie se atrevería a ofrecer soborno a funcionarios que se distinguen por ser verticalmente honestos, como seguramente los hay en el actual gobierno y en el partido FSLN, de manera que el canciller haría un mejor papel llamando a su cónsul en Liberia para que esclarezca las acusaciones en su contra.
Por su parte, el presidente Ortega debería solicitar a la Policía y a la Procuraduría una abierta y exhaustiva investigación sobre este asunto. Él se ha comprometido a poner un alto a los truhanes que se meten a la política motivados exclusivamente por el monto del botín, independientemente del color político con el que se vistan. Los corruptos son como los abusadores de mujeres a quienes sólo se les puede detener denunciándolos públicamente. A su vez la ciudadanía debe armarse de valor y denunciar a quienes les extorsionan.
Se dice que no puede tener confianza en la denuncia de alguien que se autoincrimina ni de quien obtiene evidencia con engaños, como supuestamente se obtuvo la grabación en audio presentada públicamente en el caso de Gerardo Miranda. Pero esto más bien puede entenderse como un recurso desesperado de quienes se sienten acosados y contra la pared; como un último esfuerzo por defenderse de los corruptos. De todas maneras las autoridades correspondientes deben tomar en serio esta acusación pública; tienen que llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos; están obligadas a someter al análisis de peritos la cinta de audio en poder del denunciante, y si Nicaragua no cuenta con la tecnología para hacerlo habría que solicitar el apoyo de Interpol como ya se ha hecho en otras ocasiones. Pero hay que ir al fondo de la denuncia.
