- Frente a la retórica gubernamental de priorizar salud, educación e infraestructura y dejar paulatinamente la dependencia a organismos multilaterales, la realidad es que el país sigue dependiendo de políticas de corte neoliberal, como las implementadas por los últimos gobiernos de derecha. El discurso oficial ha cambiado, pero el actuar —por ahora— es el mismo
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La sonrisa en su rostro lo decía todo. Después de 16 años de paciente espera, de gobernar a su antojo, pero “desde abajo”, Daniel Ortega, vestido con su ya tradicional uniforme de camisa blanca de cuello chino y pantalón oscuro, recibía de parte de las autoridades del Consejo Supremo Electoral su acreditación como nuevo Presidente de la República.
En medio del alboroto de sus seguidores, la sonrisa de satisfacción de sus más cercanos, la sobriedad del cuerpo diplomático y el tira y encoge de fotógrafos, camarógrafos y periodistas para obtener la mejor imagen o frase; Ortega dejó ir un “gracias a Dios” y prometió un Gobierno de “Paz, trabajo y reconciliación”. En sus cuentas: más trabajo, mejor salud y educación, más infraestructura, menos dependencia de organismos económicos internacionales, menos pobreza.
Esas promesas progresistas adornadas con discursos místicos se han topado, sin embargo, con la pared de reglas económicas que permitan al país mantener las líneas básicas dictadas por organismos internacionales, como alta recaudación de impuestos, reducción del gasto público y pago de servicios de deuda.
Y el Presupuesto General de la República, base de las políticas de inversión del Gobierno, se ha movido bajo esas normas. Sí ha habido un incremento para sectores sociales, pero todavía es insuficiente, explica Georgina Muñoz, enlace nacional de la Coordinadora Civil, un organismo que trabaja en temas de políticas de desarrollo.
Los números hablan por sí solos. Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público muestran que en 2006 el gasto capital del Gobierno —las inversiones en sector social e infraestructura, entre otros— ascendía a 8 mil 432 millones de córdobas, mientras que en el Presupuesto de 2007 esa cifra apenas aumentó 530 millones de córdobas, hasta alcanzar los 8 mil 962 millones.
El sector Educación pasó de un presupuesto en gastos de capital de 732 millones de córdobas en 2006, a 750 este año.
Salud, por su parte, cuenta ahora con 146 millones más, a pasar de 719 millones de córdobas en 2006, a 732 millones este año.
CONTINUIDAD ECONÓMICA
“Hemos observado una continuidad de las proyecciones de políticas económicas y fiscales que había programado el presidente Bolaños del 2007 al 2009, pero no se han discutido ni socializado”, explica Muñoz.
“Los presupuestos públicos no tienen la claridad sobre la inversión en los rubros de Educación, Salud, infraestructura o producción para los próximos 5 años y eso es preocupante porque no se conoce el rumbo que va a llevar la economía”, afirma.
Hasta ahora el Gobierno ha puesto como sus más grandes proyectos sociales la educación gratuita y la lucha contra el hambre. La gratuidad de la educación se ha hecho efectiva, erradicando el modelo de la autonomía escolar imperante en los 16 años anteriores. Sin embargo, el sistema educativo no cuenta con suficientes fondos para la construcción de escuelas, mejoras laborales al magisterio, y muchos niños se educan en condiciones deficientes.
El otro programa social, Hambre Cero, ha sido tomado con escepticismo por expertos en temas de desarrollo, que temen que se convierta en un programa asistencialista y politiquero y que haya sido planteado sin tomar en cuenta la realidad de las zonas, las características socioeconómicas, forma de organización y cultura.
“Los presupuestos no abonan para alcanzar metas como la primaria universal, visión de equidad que beneficie a la mujer, protección al medio ambiente y erradicación de la pobreza, que es el objetivo fundamental”, afirma Muñoz.
TE ODIO, PERO TE NECESITO
La piedra en el camino de la política social de la administración sandinista es la falta de fondos para cumplirla. El Presupuesto actual ya fue previamente acordado con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y como explica el economista Sergio Santamaría, los techos presupuestarios han sido establecidos en función de mantener la estabilidad macroeconómica del país: no gastar más de lo que se tiene.
“Se está trabajando con disciplina fiscal, aunque el Gobierno no ha aclarado cuáles son los presupuestos de las instituciones”, dijo Santamaría.
Y aunque el discurso del Gobierno es de renunciar a los dictámenes de esas organizaciones —como lo anunció recientemente en su país el presidente venezolano y amigo de Ortega, Hugo Chávez—, la verdad es que no ha puesto mayor oposición al cumplimiento de esas directrices.
Un analista que participó en la elaboración de un estudio sobre el modelo económico que sigue este Gobierno, afirmó que la actual administración mantiene los “supuestos macroeconómicos” preparados por el gabinete económico del ex presidente Enrique Bolaños, “asegurando continuidad” en la forma de trabajo implementada en las administraciones anteriores.
Es decir, que el Gobierno sandinista continuará con la “neutralización” de las transferencias municipales, priorizará el pago de la deuda pública, hará restricciones a la inversión en capital humano e infraestructura y mantendrá estancados los salarios de los trabajadores de sectores públicos como Educación y Salud.
DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
Una fuente que trabaja temas de desarrollo y que prefirió mantenerse anónima, dijo que no existe una verdadera política para impulsar mejoras en sectores sociales y que en lo que lleva de actuar el Gobierno actual, no miran un cambio real que vaya más allá del discurso político.
Para Georgina Muñoz, las propuestas hechas por el presidente Ortega durante su campaña electoral “no están sustentadas con la realidad del país”, muestran un desconocimiento por parte de las autoridades, que “parecen no estar preparadas para enfrentar un reto tan grande como asumir un Estado”.
De la misma forma opina Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoop), que en una conversación con la revista Envío, editada por la Universidad Centroamericana, criticó al Gobierno de implementar una política errónea en el sector rural, lo que según el dirigente demuestra que Ortega y su Gabinete no estaban listos para gobernar.
Cáceres, cuya organización aglutina a más de 41 mil familias campesinas, acusó al Gobierno de querer “reeditar” las políticas de la década de 1980 —lo que para él es “peligroso”— y de basar las promesas en simples discursos.
“Hasta ahora sólo hemos oído muchos discursos, pero al campo no nos han llegado recursos. Y el recurso que utilizan para decirnos que no hay recursos es el discurso. Y con eso no se convence ya a nadie. Este Gobierno no se puede dar el lujo de cometer el error de ver al campesinado sólo como un objeto político, fácil de moldear a la hora de las elecciones”, afirmó el dirigente.
“El Gobierno habla de consejos consultivos de la “democracia directa”. Pero ya le hemos hecho saber al Gobierno que no queremos mecanismos consultivos, llámense consejos, instancias o comisiones. Queremos mecanismos efectivos y operativos para enfrentar nuestros problemas”, agregó.
El descontento y las críticas de los sectores sociales, en los que los sandinistas pusieron sus esperanzas de triunfo en las pasadas elecciones, van en aumento y pueda que lleguen a borrar del presidente Ortega aquella sonrisa clara que lucía el día en que fue acreditado como mandatario de la República.
