- Las amenazas a la estabilidad política y a las instituciones democráticas aún son fuentes de incertidumbre en la región.
2006 fue un año de récord en América Latina. Nunca tanta gente había ido a las urnas como lo hicieron en las 10 elecciones presidenciales que se sucedieron a lo largo del calendario, un contraste con la realidad de hace algunos años, cuando las dictaduras militares pintaban de verde olivo el espectro político de la región. Pero aunque el último estudio de Latinobarómetro dice que el 58 por ciento de la población afirma que la democracia es la mejor forma de gobierno, ésta sigue siendo un sistema débil en América Latina.
Partiendo por la misma población que en un gran porcentaje desconfía de varios de sus elementos más distintivos —partidos políticos, poder judicial, poder legislativo—. Esta desconfianza ha creado una oportunidad que varios presidentes populistas han aprovechado para pasar a la acción desde su tentación de saltarse instituciones de la democracia formal —poder legislativo, poder judicial, libertad de prensa— en nombre de una supuesta democracia real.
Y si bien ahora los golpes de Estado provocados por fuerzas militares son una especie en extinción, las manifestaciones populares en la calle y los levantamientos ciudadanos se han convertido en una verdadera amenaza para la estabilidad política en muchos países.
El problema es que muchos de los factores que fomentan estos sentimientos están demasiadas enraizados. La corrupción política, el comercio ilegal (especialmente de drogas) y el crimen organizado son más fuertes en América Latina que en ninguna otra región del mundo.
Tampoco ayuda la enorme importancia del sector informal. De acuerdo al WEF, la informalidad responde por el 38 por ciento del PIB de América Latina, un gigantesco porcentaje comparado con el 16 por ciento de China y el 26 por ciento de India. El problema es que los efectos de la informalidad (evasión de impuestos, corrupción, competencia injusta y crimen organizado) inhiben el desarrollo de instituciones efectivas, obligan a la sobrerregulación y a la elevación de impuestos.
Mientras las élites latinoamericanas se han incorporado efectivamente al proceso de globalización, las clases medias y bajas de la región siguen desconectadas de sus beneficios. Este descalce de percepciones sobre la apertura podría generar un movimiento endógeno hacia el proteccionismo, tensionando el ambiente político y social.
La debilidad institucional y la corrupción tienen además un negativo efecto en la competitividad del país, creando otro de esos círculos viciosos que fomentan las tentaciones de cancelar los procesos de apertura.
La lucha por legitimar las débiles instituciones políticas de América Latina tiene muchos flancos y requiere un esfuerzo constante que pasa por profesionalizar las burocracias, aumentar la competencia dentro de los sistemas económicos y políticos, generar mecanismos para exigir el cumplimiento de responsabilidades, impulsar reformas financieras, regular el lobby o cabildeo y fomentar una cultura de la no-corrupción en el Gobierno y las empresas.
