Washington/EFE
La reforma migratoria que debate el Senado de EE.UU. contiene elementos difíciles de aplicar y que afectarían severamente a los residentes legales y ciudadanos del país, denunciaron el viernes activistas en favor de los inmigrantes.
Mientras el Senado continúa puliendo el texto final de la reforma, los activistas critican, en particular, un programa electrónico de verificación del estatus legal de los empleados y un sistema de puntos que privilegia a extranjeros con altos niveles educativos a la hora de solicitar la residencia permanente.
La medida, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley, estipula la creación de una base de datos federal para que las empresas verifiquen el estatus legal de cada solicitante de empleo, sean residentes legales o ciudadanos.
También niega a los solicitantes de visas el derecho a una revisión judicial en caso de que las autoridades federales cometan errores en sus trámites migratorios.
Además, los residentes y ciudadanos tendrían restricciones a la hora de solicitar visas para sus familiares en el exterior.
La Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) pidió ayer que el Congreso modifique sustancialmente el proyecto de reforma porque “sin una eficaz supervisión judicial, cualquier programa aprobado por el Congreso puede ser debilitado con una burocracia sobrecargada, inepta u hostil”.
La medida exige que las empresas comprueben el estatus legal de todo solicitante de trabajo a través del Sistema de Verificación sobre Elegibilidad de Empleo (EEVS), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Pero ese sistema “está plagado de errores” y “contiene una extensa base de datos gubernamental con una cantidad extraordinaria de datos personales de toda la gente” en este país, señaló Caroline Fredrickson, directora de ACLU en Washington.
Si el DHS comete un error al determinar si un solicitante puede o no ser contratado, “no habrá manera de protestar ese error o recuperar salarios perdidos, porque el proyecto de ley prohíbe una revisión judicial”, se quejó.
La ACLU, al igual que otros grupos cívicos, reconoce que las empresas deben responsabilizarse por la contratación legal de los empleados, pero le preocupa la forma en que ese programa sería ejecutado. Dentro del sistema EEVS, todo habitante en EE.UU. que desee cambiar de empleo, por ejemplo, tendría que portar una licencia de conducir y una tarjeta de Seguridad Social con información biométrica.
La ACLU considera que el sistema EEVS, tal como está concebido, “sería una pesadilla”.
Randy Johnson, de la Cámara de Comercio de EE.UU., dijo que hay 140 millones de trabajadores en la fuerza laboral del país y “aún con una tasa de error de un uno por ciento (del sistema de verificación) un millón se quedarían descalificados” y sin acceso a empleo.
