Representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expusieron ayer sus valoraciones sobre la recién aprobada Ley de Acceso a la Información Pública, la que consideraron un avance importante, sin embargo sugirieron que ésta debería mejorarse.
El Cejil Advirtió que la sociedad civil y los medios de comunicación deben estar alerta a su reglamentación para que en la práctica no se transgreda el derecho a la libre expresión, en alusión al artículo 46 que establece regulaciones tácitas al ejercicio periodístico.
Las opiniones en torno a la nueva ley fueron vertidas durante una actividad promovida por el Cejil, en la que abordaron el tema de la libertad de expresión en el Sistema Interamericano del cual Nicaragua es signataria.
El Cejil es un organismo defensor de los derechos humanos en el continente, litiga casos de violaciones a éstos y los lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
EJECUTIVO VIOLA DERECHOS DE FUNCIONARIOS
Marcia Aguiluz, abogada del Cejil, afirmó que el hecho de que los funcionarios públicos del actual Gobierno no puedan expresarse sin ser autorizados por el Consejo de Comunicación que dirige la primera dama Rosario Murillo, viola sus derechos.
“Esto en términos de libertad de expresión sería una violación a los derechos de los funcionarios, ellos tienen derecho a opinar y a informar sobre lo que están haciendo”, dijo Aguiluz.
La jurista indicó que con tal medida el Ejecutivo además está violando el derecho ciudadano de estar informado, pero confió en que la Ley de Acceso pueda cambiar la política de discrecionalidad del Gobierno.
“La ciudadanía debe apropiarse de la ley, exigir que se cumpla y mantenerse vigilante”, alertó la abogada, y agregó que ante la eventualidad de una violación al derecho ciudadano a la información pública “estaríamos valorando los mecanismos del sistema interamericano para llamar la atención del Estado de Nicaragua”.
SENTENCIA YATAMA
El Cejil lamentó que el Estado nicaragüense no haya acatado aún la sentencia de la CIDH, en torno al caso de Yatama.
“No hemos notado mayores avances más que en las medidas meramente administrativas”, dijo Aguiluz.
