- Miles de muchachos, ciudadanos de EE.UU., tendrán que escoger entre quedarse allá o con sus padres deportados
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CANCITA, México/ Reportaje de AP
Desde que se reunieron con sus padres deportados en México, Adriana, de 7 años, ha dejado de gritar “¡Papá!”, en sueños y a Yadira, de 10 años, se le ha aliviado el asma.
Pedro, de 15 años, ya no rompe a llorar, y Adrián, de 12, trata de pensar en su nueva vida como una aventura.
Por ahora, estos niños estadounidenses están tratando de olvidarse de la dolorosa decisión que tienen que tomar para fines del verano: permanecer con sus padres en este pueblo donde se bañan en un canal y usan un retrete rústico fuera de la casa, o regresar solos a algunas de las mejores escuelas de Estados Unidos en Palo Alto, California.
Decenas de miles de familias encaran alternativas similares, y aun más podrían enfrentarlas si el Congreso estadounidense lleva adelante una reestructuración de las leyes inmigratorias.
Unos tres millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen, al menos, al padre o la madre que viven ilegalmente en el país, según el Centro Hispánico Pew, y desde el 2004, el Gobierno ha estado deportando a inmigrantes ilegales a un ritmo récord.
El Senado ha empezado a debatir un proyecto amplio que podría permitir una ruta a la ciudadanía para los 12 millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente. El proyecto mermaría la importancia de los vínculos familiares, limitando las visas para padres de ciudadanos estadounidenses a 40,000 por año y modificando un sistema de preferencias que durante cuatro décadas ha favorecido tales lazos.
Nuevo sistema les cerraría las puertas
Pedro Ramírez, de 38 años, confiaba en ese sistema para que le diesen a él y a su esposa la posibilidad de hacerse ciudadanos en cuanto su hijo mayor cumpliera los 18, en poco más de dos años. Ahora ya no está tan seguro: la nueva propuesta legislativa pondría más énfasis en las habilidades y educación del inmigrante potencial, y por otra parte su deportación lo descartaría de todos modos.
Ramírez nunca fue a la escuela. A los 16 años logró filtrarse por la frontera y aprendió inglés mientras iba ascendiendo de un trabajo en una fábrica con salario mínimo a supervisor nocturno en un supermercado de Albertson.
Su promoción —y el salto en salario de 6 a 16 dólares la hora— le permitió trasladar a su familia de los barrios duros de East Palo Alto al más tranquilo suburbio de Palo Alto, sede de la Universidad de Stanford.
Él y su esposa solicitaron la residencia, pero se las negaron después que su abogado fue inhabilitado profesionalmente. Las autoridades de inmigración dijeron que aquellos evadieron las convocatorias para comparecer ante la justicia.
De regreso en México, la familia ha gastado sus ahorros de casi 10,000 dólares gestionando infructuosamente la residencia. Amigos, padres y maestros en la escuela secundaria de Pedro hijo han recaudado 2,000 dólares para la familia.
Solidaridad familiar
Antes de que su padre fuese deportado en febrero, los mayores problemas de Pedro eran cómo ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y persuadir al entrenador del equipo de futbol americano que lo dejara ser quarter back. Ahora, dice que podría tener que acostumbrarse a la humilde vivienda de dos habitaciones y bañarse en un canal para mantener la familia unida.
“Si me voy, quiero irme con todos”, explicó.
Su madre Isabel dijo que dejará que sus hijos decidan lo que quieran hacer. Si regresan a California, los varones vivirían con una tía en Newark, California, y las chicas con su maestra de quinto grado en Palo Alto.
Agregó que los últimos meses han sido suficientemente traumáticos.
Después que Ramírez fue deportado en febrero, Pedro hijo rompió a llorar en su clase de Matemáticas sin poder concentrarse. Se asombró por el aro de vigilancia que tenía su madre en el tobillo, diciéndole “Tú no eres una delincuente!”
“Me siento traicionado” por el Gobierno estadounidense, dijo el muchacho.
Librando una batalla perdida
Isabel, de 36 años, trata de hacer la vida en México todo lo normal posible para sus hijos. Compró un inodoro acolchado para la cabina de baño en el exterior de la casa, pero se resbala del banco de madera en la base. Limpia incesantemente el piso de tierra en el cuarto donde cocina y esparce blanqueador en el piso para mantener alejadas las moscas.
Pero es una batalla perdida. Cancita no tiene agua corriente ni teléfono ni tampoco paz. El pueblo está en medio de una de las regiones más violentas de México.
A principios de mes, media docena de helicópteros militares convergieron sobre el pueblo después que pistoleros en un pueblo vecino mataron a cinco soldados durante un tiroteo a pleno mediodía. Los soldados cachearon a Pedro hijo y a su padre en una inspección casa por casa en busca de drogas y armas.
“Estaba un poco nervioso”, admitió el hijo tímidamente.
Pero su temor principal es qué les ocurrirá a sus padres. Si se quedan en Cancita, no hay trabajo. Si intentan regresar a California, deberán entrar ilegalmente por el desierto.
Si los chicos se quedan en Cancita, deberán aprender a leer y escribir en español. Adrián, que está en séptimo grado, está esforzándose para leer Los Tres Cerditos.
Pedro hijo se pasa el día cargando canciones de rap en su computadora y transfiriéndolas a su reproductor MP3, que los vecinos confunden con un teléfono celular.
Yadira dijo que cuando les explicó que el aparato podía reproducir canciones de la internet, le preguntaron: “¿Qué es la internet?”
“No quiero ir a la escuela aquí. No es buena. No hay ningún sitio para jugar”, dijo la niña. Pero agregó: “No quiero regresar y dejar a mis padres”.
