- Amenaza la libertad de expresión, dice
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró ayer “incompatible” con la libertad de expresión y como posible fuente “de grandes abusos” el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que regula el ejercicio del periodismo al exigir información de “carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas”.
Asimismo, la SIP, en la voz de Armando González, miembro de la Junta de Directores, solicitó una revisión a la Ley de Acceso a la Información Pública, que en su artículo 46 presenta “inconsistencias” a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Hay aspectos de ese artículo (46) que no son convenientes y que desmerecen otros aspectos de la ley que son muy positivos”, dijo González.
El representante de la SIP, que participó en una conferencia legislativa sobre la libertad de prensa en Nicaragua que organizó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, indicó que en nombre de la libertad de expresión se terminó afectando ese derecho humano.
“Resulta, en principio, contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla”, señaló González al leer parte de la opinión consultiva número 5187 de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
“Un sistema de control al derecho de expresión en una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe, puede ser fuente de grandes abusos y en el fondo viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad”, agregó González al citar el documento.
Además, González citó parte de la declaratoria de principios sobre la libertad de expresión que en su 108 sesión ordinaria emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los “condicionamientos previos” no son compatibles con la libertad de expresión.
“El principio número siete no puede ser más claro: condicionamientos previos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados, son incompatibles con el derecho de la libertad de expresión reconocido en los documentos internacionales”, precisó González.
PLC Y FSLN EN CONTRA
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento nicaragüense, José Pallais, y el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, discreparon con González, al decir que el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública no establece ningún tipo de sanción.
“Siempre es pertinente (una revisión), pero habría que verlo con detalle. Pero la jurisprudencia que él leyó está referida a cuando hay una imposición, una reglamentación, una sanción, elementos coercitivos, a eso está referido”, dijo Pallais.
“No estoy de acuerdo con él, porque él confunde lo que es una indicativa de la responsabilidad social que tenemos todos en el manejo de la información con artículos de sanción, que no es lo que pretende ese articulado”, reaccionó por su parte.
REFORMAS
En tanto, miembros de las bancadas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS), expresaron la necesidad de reformar o eliminar el polémico artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Contrario a los representantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) o el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los personeros de la ALN y el MRS se pronunciaron a favor de revisar la ley, tal como lo solicitó la SIP.
Asimismo, la ALN insistió en que es necesario la aprobación de una iniciativa que extendería automáticamente por diez años las licencias de transmisión a los medios audiovisuales, para evitar que el actual Gobierno sandinista utilice esos derechos para castigar a sus adversarios, como sucede en Venezuela con RCTV.
DESCONFIANZA
El periodista Camilo de Castro, que participó en uno de los paneles, expresó su desconfianza en torno a quiénes serán las personas que estarán al frente de las oficinas de acceso a la información.
De Castro manifestó que existe la posibilidad de que “cuadros partidarios” dirijan esas dependencias y desvirtúen el trabajo que tendrán asignado.
Otro elemento que despierta suspicacias es la posibilidad de que el reglamento a la ley, que deberá elaborar el Poder Ejecutivo, traiga nuevas “trampas”.
En medio de la desconfianza del periodismo surgió el tema de la colegiación obligada y que también es objeto de debate entre los comunicadores.
