- La justicia aún es percibida como un poder menor en Latinoamérica. Así, la región continuará lejos de garantizar seguridad jurídica
Cuando se habla de Estado en América Latina, todos los caminos apuntan al Poder Ejecutivo. En contadas ocasiones la mirada se extiende al Poder Legislativo y casi nunca alcanza al Judicial. Y es justamente ese desequilibrio la traba que impide contar con una mejor calidad de la justicia. El problema es que, sin eso, será imposible avanzar en una gama de cuestiones que van desde la igualdad ante la ley, la lucha contra la corrupción y una seguridad jurídica imprescindible para estimular la llegada de nuevas inversiones.
Sin embargo, no todas son malas nuevas. En las últimas dos décadas viene registrándose en América Latina un proceso inédito de reformas en la justicia. Créase o no, desde los procesos de independencia, buena parte de las normas y el funcionamiento de los poderes judiciales de la región habían sobrevivido con escasos cambios. “Antes, estaban sólo para atender pequeños robos y causas económicas”, dice Juan Enrique Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en Santiago. “Hoy, abordan asuntos centrales desde el punto de vista constitucional y político”.
FALTAN MÁS INVERSIONES
No es el único cambio. En los últimos años hubo fuertes inversiones en la justicia en buena parte de la región. Eso derivó en un aumento considerable de la cantidad de jueces por habitante, además de un incremento en las remuneraciones que estimuló la llegada de personal capacitado a los poderes judiciales. A eso se sumó una reforma importante en los procedimientos, sobre todo en el área penal. Pero los cambios no lograron torcer la percepción negativa que la mayoría de las personas tiene sobre la justicia de sus países. Según Latinobarómetro, en 2005 el 66 por ciento de los latinoamericanos tenía poco o nada de confianza en el Poder Judicial, una cifra similar desde 2001.
¿Cuál es el eslabón perdido que impide transformar las reformas en una mejor percepción de justicia? Para Vargas, hay una crisis de expectativas. “En los últimos años la clase política no se hizo cargo de resolver muchos de los problemas que le correspondían y, de la noche a la mañana, se los terminó endosando al Poder Judicial, que era la cenicienta de los poderes públicos, tenía muy poco poder real y funcionaba muy mal”, dice. “Por eso, es lógico que las expectativas hayan sido difíciles de cumplir, al menos en el corto plazo”.
El otro gran tema es que si bien para los analistas la mayoría de las reformas fueron bien inspiradas, los cambios fueron pobremente implementados. “Muchas veces las inversiones se traducen en mejores condiciones de trabajo para los jueces, en mejor infraestructura, no una mejoría para el ciudadano que requiere una justicia mejor”, dice Vargas.
¿Cuál es la solución? No hay una respuesta sencilla. La intención de las reformas al Poder Judicial es hacerlo más independiente y darle mayor poder para, entre otras cuestiones, limitar y controlar los actos del Poder Ejecutivo. Eso explica por qué su apoyo político ha sido débil e inconstante. Para los analistas, la clave pasa por empoderar al cliente del Poder Judicial. Es decir, que la sociedad civil apoye los procesos de cambio. Sin eso, la balanza de la justicia continuará desequilibrada.
