- Promotores vigilarán proceso de reglamentación
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Representantes de diversos organismos que integran el denominado Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, consideraron ayer que si bien la normativa constituye un avance a la institucionalidad del país, no se consiguió el instrumento jurídico esperado, debido al sesgo de su articulado con las últimas mociones que introdujeron los legisladores para protegerse.
Los directivos de las organizaciones de la sociedad civil advirtieron también que van a vigilar y presionar para evitar que a la hora de reglamentar la ley, no se revierta lo hasta hoy alcanzado.
Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT) dijo que la ley aprobada el miércoles “es una ley de peor es nada”. Courtney señaló que es un punto de partida, “pero también es un enorme desencanto, porque está muy lejos de cumplir el potencial que tiene una ley de acceso a la información”.
El directivo de EyT dijo que en lo referente a la declaración de probidad de los funcionarios públicos no se logró nada concreto, “ahí ni se avanzó, ni se retrocedió, el funcionario público sigue funcionando en el mismo ámbito de oscurantismo en el que estaba anteriormente”, advirtió.
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), señaló que los aspectos negativos de la ley son ahora oportunidades “para perfeccionarla y luchar contra el secretismo de las declaraciones de probidad de funcionarios públicos”.
Advirtió que la negativa de los diputados de aprobar un artículo más puntual sobre la obligatoriedad de dar a conocer sus bienes patrimoniales al asumir un cargo y luego al cesar en el mismo, como lo proponía el Grupo Promotor, puede conducir a la impunidad.
“Es un elemento que podría dar paso a la impunidad o al enriquecimiento ilícito, si no tenemos mecanismos de cómo demostrar si un funcionario llega con 50 mil córdobas de patrimonio y sale millonario después del ejercicio de su función”, indicó.
En tanto, Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua (MpN), externó también su preocupación al respecto. Sin embargo dijo que aún existe la esperanza de que ésta y otras inconsistencias de la ley se puedan subsanar en la reglamentación de la misma, aunque también advirtió que puede existir el peligro de que los legisladores pretendan debilitar más el espíritu de la ley.
Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, luego de aprobada la normativa, dijeron que analizarán la posibilidad de introducir una propuesta de reforma a la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, para lograr lo que en la ley de acceso los diputados evitaron.
NO ES LEY PARA PERIODISTAS
Granera subrayó que si bien el Grupo Promotor no logró persuadir a los diputados para que excluyeran de la ley el artículo 46 referido a la responsabilidad periodística, porque no es una ley dirigida exclusivamente a los medios de comunicación, “no hay que preocuparse en demasía porque ese artículo no penaliza a los medios, lo que hace es como dar una recomendación de que el periodismo se haga de forma responsable, que de todas maneras es la aspiración de todos los periodistas”.
La representante del MpN recordó que el tema “fue un debate largo con la Comisión de Justicia (del Legislativo) y hubo bastantes diputados de acuerdo con el grupo promotor, de que no valía la pena meter este ruido que se ha creado ahora innecesariamente”.
“Hubiéramos preferido que esto no pasara, pero eso no invalida el hecho de que tenemos que celebrar que tenemos una ley de acceso a la información y en el reglamento tenemos que evitar que ese artículo se convierta en un obstáculo para el ejercicio libre del periodismo”, sostuvo Granera.
Por su parte Courtney afirmó que “de manera solapada, alegre y poco reflexiva, se regula un poco el ejercicio periodístico de forma negativa”, en este sentido agregó que el objetivo de la Ley de Acceso a la Información es promover mayor transparencia y menos oscurantismo y “en algunas partes de su articulado hace todo lo contrario”.
Por su parte Zúñiga señaló que “vamos a seguir a nivel de la Asamblea Nacional con nuestro cabildeo para ver el nivel de reglamentación que se le hace a la ley, son aspectos que les vamos a dar seguimiento”.
En tanto el ex catedrático universitario experto en temas de comunicación social, Arturo Wallace, opinó que con el artículo referido a la responsabilidad periodística “no se está regulando el ejercicio periodístico”
“Hay razones debido a la historia política de Nicaragua y la forma de proceder tradicional de los actores políticos, para preocuparse acerca de intentos en el futuro de regular el ejercicio periodístico”, razonó Wallace.
Sin embargo, indicó que la forma en que está redactado el artículo en la ley “no tiene ningún impacto negativo ni positivo sobre el periodismo nicaragüense”.
Wallace advirtió que no corresponde a la Ley de Acceso a la Información ninguna mención que individualice a los periodistas como un sujeto diferente o con derechos diferentes a los ciudadanos. “No tenía ningún sentido en una ley de ese tipo”, dijo Wallace.
Consideró que la actuación mediática en torno a lo referido a la supuesta regulación periodística “es un ejemplo de histerismo”.
El director de EyT comparó la actuación de los diputados en torno a la aprobación de la ley, con un examen académico con baja nota.
“Si lo viéramos como un estudio de colegio, considerando que es una ley nueva, tal vez se ganan un examen de reparación”, dijo , y agregó: “Los diputados tendrán que reparar esta ley, tal vez se les regala la nota en el sentido de que es una ley nueva y se dice, bueno está bien, pasan el grado, pero con este tipo de ley no te vas a graduar en lo que se llama tener acceso a la información en este país”.
