El temor de una “narcoelección”

Los gobiernos y la opinión pública de Centroamérica deberán estar muy atentos a la campaña y a los comicios que se desarrollarán en Guatemala este año, porque nunca como antes se proyecta la sombra de la penetración del narcotráfico en el proceso. Guatemala, al contrario de Nicaragua —pese a las tentaciones de algunos grupos—, celebra […]

Los gobiernos y la opinión pública de Centroamérica deberán estar muy atentos a la campaña y a los comicios que se desarrollarán en Guatemala este año, porque nunca como antes se proyecta la sombra de la penetración del narcotráfico en el proceso.

Guatemala, al contrario de Nicaragua —pese a las tentaciones de algunos grupos—, celebra elecciones a todos los cargos públicos al mismo tiempo.

Es decir, el 9 de septiembre próximo unos 5.8 millones de guatemaltecos elegirán presidente, diputados, alcaldes, concejales y representantes en el Parlacen.

En fecha reciente, el vicepresidente Eduardo Stein manifestó que se ha hallado indicios de la aparente presencia del narcotráfico en la política, en particular a nivel local. En municipios de la zona norte, fronteriza con México y en el occidente, se han visto gastos considerables que superan el presupuesto de las comunas, ejemplificó Stein para la prensa local.

Las sospechas de esa presencia las confirma el embajador Jorge Echeverría en una entrevista con LA PRENSA.

Pero, ¿quién asegura que los narcotraficantes no querrán también financiar la campaña de diputados y hasta de la de todo un partido?

Estos temores son compartidos por organizaciones sociales y académicas del llamado Foro Guatemala.

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, afirma que el principal motor de la criminalidad es “la impunidad” que el crimen organizado ha logrado gracias a la debilidad del Estado.

Que el Estado de Guatemala está penetrado por el crimen organizado, no hay duda. Y la infiltración es profunda en los cuerpos de seguridad.

La prueba más contundente es el asesinato de los tres diputados salvadoreños del Parlacen. De todos los 12 individuos detenidos hasta hoy, siete son o eran policías de la unidad contra el crimen organizado. También lo prueba el asesinato de los tres primeros sospechosos policías en una prisión de máxima seguridad, días después del primer hecho.

Debe recordarse también la captura en Estados Unidos de los máximos jefes policiales antinarcóticos en 2005 y las pérdidas de drogas en las bodegas de ese servicio.

Se sabe que numerosos cuerpos clandestinos, poderes fácticos en la sombra, controlan otras estructuras como las aduanas, el contrabando, el tráfico de personas, la prostitución y otras actividades ilícitas.

Guatemala es víctima de varios factores: de la geografía, pues es un puente inevitable con México en la ruta de la droga hacia Estados Unidos; de un legado histórico de violencia y represión; y de las profundas desigualdades sociales.

Junto a El Salvador y Honduras, el país hermano posee las tasas de homicidios y los índices de comisión de delitos violentos más altos.

El año pasado unas 5,800 personas fueron asesinadas en Guatemala. Un promedio de 16 muertes de ese tipo a diario. Entre enero y abril pasados, según datos de la Policía Nacional Civil, unas 1,925 personas fueron asesinadas en todo el país, lo que equivale a un ritmo similar al del año anterior.

Como en el territorio de sus vecinos del Triángulo Norte, las pandillas ejercen un temible poder y participan del clima de inseguridad.

No cabe duda de que la inseguridad será una de las claves de la elección guatemalteca. Desde ya, la decena de candidatos promete mano dura con las pandillas y el crimen.

Si embargo, el Estado guatemalteco, solo, no ha sido ni será capaz de afrontar este desafío.

Para ello, la Corte de Constitucionalidad dio luz verde a la creación de la Comisión Internacional con la Impunidad en Guatemala (CICIG). Expertos policiales de EE.UU., Canadá y Europa asistirán al país en la lucha contra los grupos clandestinos. Ahora se deberá esperar a que el Congreso apruebe la ley correspondiente, aunque en algunos círculos políticos le están dando largas.

La CICIG, que es parte de un acuerdo firmado entre el Estado y la ONU, deberá desenmascarar y neutralizar a los grupos y acabar con su impunidad.

Debe reconocerse que se han tomado algunas precauciones en la nueva Ley Electoral del país.

Como explicaba el embajador Echeverría, los partidos deberán rendir cuentas mensualmente de sus gastos de campaña.

Tampoco podrán gastar más de unos 5.5 millones de dólares en propaganda y se ha prohibido que reciban donaciones anónimas.

Habrá que seguir la evolución de estos comicios. El narcotráfico buscará tomar control de la política en Guatemala, comprando conciencias. Y podemos estar seguros de que también lo hará en el resto de Centroamérica, tarde o temprano. O ya lo hace.

Internacionales

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