(Luis Antonio Sobrado, presidente interino del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. )

El referéndum tico deberá bajar tensiones

Consulta sobre la ratificación del DR-Cafta disminuiría confrontación y ayudaría a preservar la paz social, dice presidente del Tribunal Electoral [doap_box title=»Achacan a los gobiernos crisis energética» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] La crisis de escasez de energía que enfrenta Costa Rica, con apagones y racionamientos en todo el país, es el resultado de una política deliberada de […]

  • Consulta sobre la ratificación del DR-Cafta disminuiría confrontación y ayudaría a preservar la paz social, dice presidente del Tribunal Electoral
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La crisis de escasez de energía que enfrenta Costa Rica, con apagones y racionamientos en todo el país, es el resultado de una política deliberada de los últimos gobiernos, que ha impedido a la empresa estatal hacer las inversiones necesarias, denunciaron este viernes fuentes sindicales.

“La situación no es imprevista, como afirma el gobierno, desde el 2003 advertimos que habría una crisis en el 2007 si no se hacían las inversiones necesarias”, afirmó Mauricio Hernández, dirigente sindical de los profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la empresa estatal de energía y telecomunicaciones.

El gobierno del presidente Oscar Arias declaró el jueves una “emergencia nacional” para afrontar la crisis de energía, que en dos semanas ha provocado pérdidas económicas millonarias, caos vehicular en las ciudades y varios incendios de viviendas provocados por el uso de velas.

Sin embargo, las autoridades de la institución advirtieron que los cortes de energía se seguirán produciendo hasta que se inicien las lluvias y los embalses que alimentan el sistema de generación hidroeléctrica recuperen su nivel normal, disminuido en casi una tercera parte.

Hernández recordó que en 2003 los trabajadores del ICE fueron a una huelga de 22 días para demandar al gobierno que permitiera a la institución emitir bonos por 100 millones de dólares, con el fin de invertir en el sector eléctrico.

Sin embargo, estos planteamientos fueron desoídos por los políticos, que “han puesto todo tipo de trabas al ICE” con el apoyo de las cámaras empresariales, manifestó el dirigente sindical.

Pregunta a la CSJ

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“Veo alegría en la población”, dice

SAN JOSÉ/ AFP

La defensora de los habitantes de Costa Rica, Lisbeth Quesada, solicitó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia su opinión sobre la constitucionalidad del DR-Cafta. Quesada hizo la petición basada en un artículo de la ley de jurisdicción constitucional que le autoriza a solicitar el criterio de la máxima Corte cuando considere que un proyecto de ley “infringe derechos o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución”.

El presidente interino del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, Luis Antonio Sobrado, declaró este viernes que decidir el futuro del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta) en un referéndum es un mecanismo que evitaría la confrontación social y la violencia.

“El magistrado electoral, en el momento en que toma una decisión como la del referéndum, lo hace sobre una base jurídica, pero lo hace también sobre un análisis de cómo el referéndum está previsto y concebido para darle una salida institucionalizada a situaciones de bloqueo legislativo y respecto de las cuales existe alta crispación pública y donde corre riesgo la paz social”, afirmó Sobrado en un encuentro con corresponsales de prensa extranjera.

En ese sentido, Sobrado reafirmó que “el referéndum no es una ocurrencia del Tribunal Supremo de Elecciones, es un instrumento previsto para darle salida a situaciones de crisis como la que vivimos”.

El DR-Cafta, firmado entre Centroamérica y Estados Unidos en 2004 pero aún no ratificado por Costa Rica, ha polarizado a los 4.2 millones de costarricenses. Exportadores y gobierno lo avalan, mientras que organizaciones sociales, sindicales y universidades públicas lo rechazan.

Sobrado dijo que por sí mismo el referéndum no es una garantía de que desaparezca el riesgo de confrontación porque “eso depende del comportamiento de los actores políticos y sociales”.

“Pero yo veo una gran alegría en la población” tras el anuncio de la convocatoria, añadió.

“Cuando se realice habrá 2.6 millones de costarricenses que se constituirán en una especie de gran plenario legislativo para definir el futuro del tratado”, consideró.

Sobrado dijo que el TSE tomará la decisión en los primeros días del mes de mayo sobre si da trámite al referéndum convocado por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, o en cambio acepta uno solicitado por un grupo de ciudadanos encabezados por el ex candidato presidencial José Miguel Corrales.

La diferencia entre ambos, además de procedimiento, es en tiempo.

El referéndum del Ejecutivo podría realizarse en septiembre próximo, mientras que el de iniciativa ciudadana podría celebrarse recién en 2008, pues contempla un período de 10 meses para recoger 5 por ciento de las firmas del padrón electoral y un período de tres meses de campaña.

El gobierno de Oscar Arias ha advertido que el referéndum ciudadano podría estarse realizando extemporáneamente, porque el plazo para que Costa Rica se incorpore al tratado vence en marzo del próximo año.

En ese sentido, Sobrado dijo que el TSE no tomará en cuenta esas apreciaciones del gobierno. “Nuestra decisión se hará apegada al derecho, a lo jurídico, y no a eventuales plazos de vencimiento del plazo para que el país se incorpore al DR-Cafta”.

Sobrado también dijo que esperan que el proceso del referéndum sea seguido por la mayor cantidad de observadores internacionales.

Agregó que el referéndum sobre el DR-Cafta, que será el primero que se realice en esta centenaria democracia centroamericana, permita romper con el récord de asistencia a las urnas, que se sitúa en un 80 por ciento de participación, según lo que ha percibido en las calles.

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