- El Gobierno y el Legislativo convocan al primer referéndum en la historia del país, pero existe el peligro de que el plazo se agote para ratificar el tratado
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San José /Corresponsal
El escenario en que se encuentra la ratificación o no del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) en Costa Rica, bien se parece a un partido de futbol, donde cada minuto que transcurre vale oro para los equipos en disputa.
Costa Rica es el único país de la región que no ha ratificado este acuerdo, debido al ajedrez político que han tejido adversarios e impulsores, pero el camino hacia su aprobación sigue siendo incierto sobre todo por el factor tiempo, debido a que esta nación tiene hasta marzo del 2008 para ratificarlo.
En las últimas semanas el escenario ha cambiado. Serán los costarricenses, mediante una consulta popular, quienes decidan su futuro, pero para el politólogo Alberto Cortés Ramos, el DR-Cafta está cuesta arriba porque entre las grandes probabilidades es que los votantes lo rechacen en el referéndum, o bien que se llegue a marzo próximo sin que el parlamento apruebe las 12 leyes complementarias, indispensables para su ratificación.
Sin embargo, para llegar a ese contexto, aún falta que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) decida por cuál de las iniciativas se convocará a la consulta popular, según el presidente de este poder, Luis Antonio Sobrado: si por la autorizada a un grupo de costarricenses liderados por el ex diputado José Miguel Corrales, o por la que solicitó vía decreto el presidente Oscar Arias Sánchez.
El pasado 12 de abril, el TSE autorizó a Corrales y su grupo recolectar al menos 132 mil firmas equivalentes al 5 por ciento del padrón electoral, que sirvan para convocar a un referéndum.
Con esta maniobra, los adversarios celebraban porque tenían nueve o diez meses para recoger las firmas, que ponía en peligro el cumplimiento del tiempo de ratificación del DR-Cafta que vence en marzo próximo.
No obstante, para agilizar la consulta, el presidente Oscar Arias anunció un día después el envío de un decreto ejecutivo a la Asamblea Legislativa (congreso) para solicitarla, el cual fue aprobado el lunes anterior con 48 votos a favor y 5 en contra. El mismo ya llegó hasta el TSE.
“Creo que es una muestra de que (el Presidente) fracasó en su ruta estratégica inicial. Arias había afirmado que el tratado estaría aprobado en el Legislativo a los seis meses de su gobierno, luego dijo que en febrero y luego que posiblemente en mayo y que en agosto. Evidentemente tuvo que asumir una iniciativa que no es propia, es un reconocimiento que la estrategia inicial fracasó”, dijo Cortés Ramos.
Según Sobrado, el TSE tiene dos semanas para resolver si se prescinde de la etapa de recolección de firmas, además de especificar cuál debe ser el mínimo (30 ó 40 por ciento) de participación ciudadana para que el referéndum sea vinculante.
“Esos dos aspectos están pendientes de decisión”, dijo Sobrado, añadiendo que “si esta tesis (la del proceso de recolección de firmas) es rechazada, el referéndum sería durante el segundo semestre de este año (alrededor de septiembre); si se acoge la posición de don José Miguel, la fecha es incierta”.
En conversación con LA PRENSA, Corrales dijo que seguirá impulsando su iniciativa. Parte de su estrategia es que el tribunal no acepte la solicitud del Ejecutivo, que a su juicio es nula porque el Congreso lo aprobó en sesiones extraordinarias (que finalizan el próximo 30 de abril), cuando la Ley de Regulación del Referéndum dice que debe ser en período ordinario.
También dice que es nulo porque la misma ley que regula el referéndum está defectuosa.
Sobre la “jugada de Arias”, Corrales dice que el Presidente busca confundir al electorado, “para evitar que haya recolección de firmas y sorprender a los ciudadanos para que acudan a votar con la mente condicionada a favor del “sí”, luego de la intensa campaña a favor del tratado que ha habido en los medios”.
“Asimismo, procura que en el corto plazo previsto para la convocatoria por gestión del Ejecutivo no se alcance los porcentajes de participación requeridos para que regrese a la Asamblea Legislativa, donde el presiente tiene todo cocinado para su aprobación”, añadió.
