Demócratas de la Cámara de Representantes han presentado su plan de reformar futuros acuerdos comerciales. Como era de esperarse, su “Nueva Política Comercial para Estados Unidos” se revela como una respuesta directa a la ansiedad ante la globalización y el comercio que ayudaron a regresarles el control del Congreso en noviembre.
La propuesta busca castigar a China y Japón por prácticas comerciales injustas y abrir más el mercado sur coreano.
También incluye amplias promesas a trabajadores estadounidenses de entrenamiento laboral, programas de salud, beneficios pensionarios y asistencia salarial con el fin de suavizar los efectos de la globalización.
Para América Latina, ciertos elementos de este plan no podrían haber llegado en mejor momento. La imagen del libre comercio es negativa en la región y la mayoría de los países que no tienen un tratado con Estados Unidos están ahora liderados por políticos de centroizquierda que se rehúsan a firmar tratados comerciales, o que afirman que acuerdos comerciales sin ciertas modificaciones dejarían a muchos de sus electores en una situación extremadamente vulnerable.
De acuerdo con un resumen de la propuesta de 15 páginas presentada por los demócratas a la Casa Blanca como parte de las negociaciones para lograr el respaldo del congreso a la agenda comercial del Presidente George Bush, aquellos países que firmen acuerdos comerciales con Estados Unidos deberán “adoptar, mantener y hacer cumplir normas laborales internacionales”. Esas normas, definidas por la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, prohíbe el trabajo infantil y forzoso, y garantiza los derechos de los trabajadores a sindicalizarse.
Líderes latinoamericanos como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el boliviano Evo Morales acogerán en principio dichos requisitos, ya que ambos empezaron sus carreras políticas como líderes sindicales. Perú, cuyo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos espera la aprobación del Congreso estadounidense, agregó 100 inspectores laborales hace apenas unas semanas para asegurar que las normas laborales internacionales se estén cumpliendo. El Presidente peruano Alan García es autor de un libro sobre globalización con justicia social.
Los demócratas también proponen “restablecer un equilibrio justo entre la promoción de acceso a medicinas y la protección de innovaciones farmacéuticas en países en desarrollo”. En la práctica eso aplastaría los aportes en acuerdos comerciales que favorecen a compañías farmacéuticas al extender las patentes de medicamentos por cinco años después de su vencimiento.
La propuesta demócrata tiene elementos que son bienvenidos y atractivos, incluido un compromiso de expandir el comercio y aumentar la ayuda a los países pobres. Habría que esperar que dicha ayuda alcance a representar una fracción significativa de los 20 mil millones de dólares que se estima que los demócratas quieren gastar anualmente para crear una red asistencial para trabajadores estadounidenses afectados por la globalización.
Aún así no queda totalmente claro si los demócratas están comprometidos con el aspecto fundamental del comercio que beneficia a países pobres, un acceso libre y justo al mercado estadounidense. Concretamente, la propuesta demócrata no alude en parte alguna a la eliminación de protecciones para productores estadounidenses, particularmente los multimillonarios subsidios agrícolas que han sido aprobados históricamente en el Congreso con un amplio respaldo demócrata.
Dichos subsidios ayudan a mantener un ventaja distorsionada a productores estadounidenses mientras afectan negativamente a campesinos pobres en países en desarrollo. En una decisión en el 2004, por ejemplo, expertos internacionales emitieron una sentencia a favor de Brasil que aseguraba que los 12,500 millones de dólares pagados por el gobierno estadounidense en subsidios deprimían los precios internacionales del algodón, al punto de imposibilitar cualquier competencia a cultivadores de algodón alrededor del mundo.
También cabe preguntarse qué tenían en mente los demócratas al solicitar un mayor papel en las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Ronda, que lleva el nombre de la ciudad en Qatar donde las negociaciones empezaron en el 2001, es el escenario central del debate global sobre subsidios. Si los demócratas fueran a usar ese mayor papel en la ronda para mantener aquellos subsidios, estarían socavando la mejor posibilidad que tienen los latinoamericanos de beneficiarse de una expansión del libre comercio.
La mayoría de los líderes latinoamericanos esperan que la nueva política comercial demócrata sea un esfuerzo de buena fe que reconozca, como lo han hecho ellos, que la mejor forma de responder a la ansiedad popular frente al libre comercio no es dándole la espalda y haciéndose proteccionistas, sino haciendo un esfuerzo para asegurar que el comercio internacional sea más justo y balanceado.
Hasta ahora, eso ha sido precisamente lo que el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, Charles Rangel, el principal gestor de la nueva política, parece haber insistido al asegurar que su meta principal es restablecer una “base bipartidista sobre política comercial” que encuentre un amplio terreno medio y no requiera acudir a los extremos.
