- Fundación Chamorro alerta sobre artículos aparentemente no dañinos que abrirían puertas a interpretaciones lesivas
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La consultora jurídica de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, María Adilia Serrano, aseguró ayer que existen tres ejes que deben analizarse del dictamen a la Ley de Acceso Ciudadano a la Información, pues incluso se podría hasta querer limitar el trabajo periodístico.
Según Serrano, el proyecto de la Ley de Acceso en su artículo 45 podría causar algún tipo de “temor” porque podría interpretarse como un intento de regular la profesión del periodismo.
El artículo 45 del proyecto de ley señala literalmente que “los medios de comunicación colectiva y periodistas en general deberán ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información de manera responsable, realizando información para la colectividad, de carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas, de manera que se respeten no sólo el derecho a la información del ciudadano, sino también al respeto a la honra y al buen nombre de las personas probablemente implicadas en una investigación periodística”.
En ese sentido, Serrano explicó que aunque el artículo “no es dañino”, si se analiza la dinámica que han venido trabajando los diputados con la Ley de Acceso, podría “dar pie” a que se quiera regular el trabajo de los periodistas.
Hay indicios
Serrano mencionó que la tendencia de manejar la Ley de Acceso viene desde el año pasado cuando se quería establecer que no solamente el funcionario que violara la reserva de información iba a ser castigado, sino también “el particular que incitara al funcionario a la violación o que obtuviese la información por cualquier medio”.
Además, recordó que también se quiso establecer que las personas que solicitaran información pública, estaban obligadas a publicar esas informaciones.
Durante el foro denominado “El Periodismo Radial y la Ley de Acceso a la Información Pública”, Serrano expresó que otro aspecto polémico es con respecto a las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos.
Entre las mociones que consensuaron los diputados, se establece que las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos serán consideradas “información privada”.
En ese sentido, la jurista señaló que aunque las declaraciones de probidad son “un documento que tiene información sensible”, habría que hacer una valoración “entre interés público e interés privado”.
