- Alcaldía de El Viejo otorgó contratos de arriendo en presunta propiedad privada
[/doap_box]
CORRESPONSAL / CHINANDEGA
Una comitiva policial, inspeccionó “in situ” el lugar donde se ventila un conflicto agrario, a raíz de que la municipalidad de El Viejo, en el período de la administración de Alcides Moradel, extendió contratos de arriendo en una supuesta propiedad privada.
Al menos siete familias, que construyeron sus casas de verano en el balneario de Santa María del Mar, se verán impedidos de gozar de estos bienes en Semana Santa, porque la posesión les fue interrumpida cuando penetraron hombres armados de fusiles de guerra, a inicios de la presente semana.
El subinspector Pablo Carvajal, oficial de la Policía de El Viejo, atendió el recurso 20 Pol (amparo policial), en el cual se denuncia la invasión de siete terrenos ubicados en ese balneario, justo cuando se inicia la Semana Santa.
“No nos compete a nosotros definir quién es el dueño. Esta acción de retiro de las armas es preventiva para evitar hechos de violencia y ustedes tendrán que aclararlo en los juzgados que corresponden”, expresó Carvajal a las partes en conflicto.
El comisionado mayor Francisco Aguilera instruyó a la asesoría legal de esa institución, que diera seguimiento al caso que debe conducirse en los juzgados de Chinandega.
Los afectados Jaime Vega, Alcides José Velásquez, Patricia Darbelles, Reyna Carlota Venerio, Miguel Madriz, Enrique Mateo Venerio y Martha Sandino, entre otros, denunciaron la destrucción de los cercos y de otras amenazas, por un grupo armado que obedece órdenes de Amílcar Danilo Monzón Xatruch, con quien ventilan algunos de ellos un juicio por el restablecimiento de propiedad.
Según el señor Mateo Venerio, las acciones son ilegítimas. “Se nos ha bloqueado la entrada a ocho terrenos, a unos se les han retirado linderos y se amenazan con destruir inversiones privadas, calificadas de “muy importantes”.
Los afectados culpan al Tribunal de Apelaciones de Occidente por haber demorado la sentencia que detendría estos constantes atropellos a la propiedad privada, dijeron los afectados.
